Nadie podrá negarle al PSOE que no está concienciado con el apoyo a las familias. Su respaldo es total y si hay que defenderlo hasta el final, pues se hace y punto. Porque ya me contarán quién puede cuestionar el apoyo de los socialistas a las familias con las decisiones del gobierno de Vila de otorgar contratos a la empresa familiar del secretario general del PSOE, Josep Marí Ribas Agustinet, por la auditoría de calidad de las playas y, más recientemente, a la esposa de Alfonso Molina, el ex teniente de alcalde de Vila que tuvo que dimitir por irregularidades en cursos de formación muy a pesar del primer edil, que llegó a cuestionar no que su mano derecha pudiese gestionar mal el dinero público sino que alguien llegase a filtrar dichos expedientes.
Recordemos que el Ayuntamiento no convocó concurso público para adjudicar el mismo día, qué casualidad, dos contratos a la empresa de la mujer de Molina para la asistencia a eventos. Cuando el PP ha decidido denunciar este hecho algunos miembros del gobierno municipal han negado la mayor e intentan hacernos creer a través de las redes sociales que se ha seguido el procedimiento administrativo y, por lo tanto, si se acusa de irregularidades lo que se hace es cuestionar a los funcionarios y a los técnicos que han aceptado dichos contratos.
No creo que haya que insultar a la inteligencia de nadie al insistir que los contratos son legales ya que están por debajo de la cantidad mínima para convocar un concurso -un euro, exactamente- pero al menos déjennos cuestionar la oportunidad de estos contratos por las personas a las que benefician. Será legal y tendrá el visto bueno de los técnicos, pero estos contratos, como los adjudicados a la familia de Agustinet, le hacen un flaco favor a la transparencia de la que presume habitualmente la izquierda. Por mucho menos ellos han pedido dimisiones y comisiones de investigación.