Desde el año 2000, en Balears se han construido aproximadamente 75.000 viviendas, pero únicamente 1.500 de estas han sido promovidas por el Govern balear o por los ayuntamientos. Para que vengan los políticos del Pacte de Bellver a presumir del número de viviendas edificadas por el Ibavi. La vivienda pública es testimonial y dado que el precio de la vivienda privada está por las nubes, adquirir una inmueble para destinarlo a residencia habitual se ha convertido en algo vetado a los sueldos modestos y especialmente, a los jóvenes. Por más que el Govern de Francina Armengol saque pecho de estar construyendo más vivienda pública para destinarla al alquiler que nunca antes, lo cierto es que se hace poco y mal. De esta forma, el parque de vivienda pública no logra condicionar a la baja los precios de las promotoras privadas.
Se dice que si se mantiene durante quince años el esfuerzo de promoción de vivienda pública que está haciendo en la actualidad el Govern, se alcanzará la cifra de 20.000 VPO. Es la confesión más recia que hemos oído por parte del Ejecutivo autonómico de que la solución a la escasez de VPO va para largo. Si gobierna el PP es previsible que se frene en seco la construcción pública, porque no han dicho nunca que estén por la labor de seguir la senda de Armengol. Si gobierna la izquierda, seguiremos construyendo VPO a ritmo mucho menor de lo deseable. Y así se perpetúa el mayor problema que sufren los ciudadanos de Balears, sin que la clase política sea capaz de poner remedio a la poca y cara vivienda disponible. Eso sí, luego nos lamentamos de los okupas, de la gente viviendo en caravanas o en furgonetas. El derecho constitucional a una vivienda digna sigue sin estar garantizado en Balears.