El futuro de los propietarios e inquilinos de los apartamentos Don Pepe sigue en el aire mientras los nuevos responsables del Ayuntamiento de Sant Josep y del Govern buscan soluciones para que la cosa no se vaya de madre. Y es que la broma puede llegar a costar nada menos que 20 millones de euros si se mantiene lo previsto por esos cracks de la gestión pública que son Francina Armengol, Josep Marí Ribas Agustinet y Ángel Luis Guerrero.
Yo creo que en este asunto no podemos perder de vista que todo comenzó con un capricho: el de derribar dos edificios que se levantaron en los años 60 con la excusa de la protección medioambiental. Por este capricho, se pasó por encima de los propietarios y de los residentes en el complejo. Un atropello inaceptable porque ni unos ni la otra buscaron soluciones que no fueran las del derribo de los dos edificios y la construcción, con dinero de todos, de nuevas viviendas para los afectados. Viviendas, eso sí, de calidades más bien bajas, no fuera que tuvieran la tentación de venderlas o alquilarlas a precio de lujo. Y, además, nada de hacerlas rápido, a ver si con suerte se olvidaban.
Vicent Roig y Marta Vidal, alcalde de Sant Josep y consellera de Vivienda, tienen ahora por delante un largo camino hasta que se solucione el problema. Y el problema solo se solucionará cuando las 100 familias afectadas estén en sus casas, con la seguridad de que ningún otro sátrapa las sacará de ellas. Lo sucedido debería tener consecuencias para los autores. Igual que pasa con Salud, donde alguien debería pagar por haber dejado a los pacientes de Ibiza en el más absoluto abandono porque lo importante era el catalán. Qué asco da todo a veces.