La crisis migratoria que golpea a Baleares ya no es un fenómeno coyuntural, sino estructural. Las pateras que parten desde las costas de Argelia se han convertido en un flujo constante que desborda las capacidades de las islas. Si ante esta realidad, la ciudadanía percibiera, que el Gobierno central y el Govern balear van de la mano, al menos se tendría la esperanza de que el problema se afronta como es debido. Pero ya sabemos que no es así.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en la práctica hace oposición a todos los gobiernos autonómicos del PP e incluso tiene a sus ministros y ministras de candidatos a reconquistar aquellos territorios, pretende desgastar al PP de Marga Prohens acusándole de racismo y de actuar al dictado de Vox.
Pero la llegada de inmigrantes irregulares no es una anécdota: es una crisis de primer orden, con implicaciones sociales, humanitarias y de seguridad, que sigue sin recibir una respuesta coordinada.
El Govern reclama lo que es de sentido común: medios, recursos y planificación. Las islas no pueden gestionar en solitario la avalancha migratoria que reciben cada semana. Centros de acogida saturados, improvisación administrativa, policías desbordados y servicios sociales en alerta constante. Ibiza y Formentera no son Ceuta ni Melilla, pero se empiezan a vivir episodios muy similares sin que Madrid parezca darse por enterado.
Por su parte, el Gobierno central observa de brazos cruzados y difamando al Govern a la mínima oportunidad. No hay refuerzo policial, no hay más instalaciones de acogida, no hay más medios de Salvamento Marítimo, no hay devoluciones de migrantes a Argelia y el flujo de pateras sigue en aumento. Y por si todo esto no fuera poco, en el summum de la desvergüenza, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, sostiene que la mayoría de migrantes arribados a nuestras costas se marchan a la península y no se quedan aquí.
La confrontación política es evidente. Mientras el Govern denuncia el abandono y exige la implicación del Estado, el Ejecutivo central acusa a la administración autonómica de buscar la confrontación y de no querer acoger a menores migrantes no acompañados provenientes de Canarias por motivos racistas. Lamentablemente, no explican dónde pretenden que se lleve a los pobres chavales, ni con qué personal quieren que sean atendidos.
El resultado final es todo un despropósito. La población balear percibe una peligrosa sensación de vacío institucional. Nadie se hace cargo de un problema que afecta a la convivencia y genera un caldo de cultivo perfecto para discursos populistas y xenófobos.
No valen los parches. Se necesitan medidas de calado. Primero, reforzar la cooperación policial con Argelia y aumentar la vigilancia en el Mediterráneo. Debe ponerse fin al coladero en que esta tierra se ha convertido en materia de inmigración irregular. Segundo, habilitar centros de acogida dignos y suficientes, dotados de personal. Tercero, exigir a Bruselas un reparto justo de responsabilidades, porque la frontera sur de Europa no puede recaer solo en unos territorios concretos. Cuarto, agilizar los procesos de repatriación, siempre bajo criterios de respeto a los derechos humanos, pero sin alimentar la sensación de impunidad, algo que hace unos años defendía incluso Pedro Sánchez.
Además, es imprescindible hablar con claridad a la ciudadanía. No es racista admitir que Baleares no tiene capacidad ilimitada para absorber llegadas de migrantes irregulares. Lo irresponsable es esconder el problema bajo discursos buenistas que niegan la evidencia. La gestión humanitaria es obligatoria, pero también lo es la defensa del orden y la seguridad.
Baleares no puede seguir siendo rehén de la inacción del Gobierno central ni víctima de una guerra partidista. Hace falta política de verdad: soluciones, recursos y liderazgo. Si no se actúa con firmeza y visión estratégica, la crisis migratoria seguirá creciendo hasta convertirse en un problema irreversible para la cohesión social de las islas.
La crisis migratoria se resuelve con la mano dura que propone VOX y no alojando a los inmigrantes ilegales en hoteles.