El pasado día 17 de julio tuvo lugar en Madrid la Asamblea General de la CEOE. En dicha asamblea, CAEB tenemos tres plazas: la presidenta, el secretario general y yo mismo. Aparte de los temas internos que allí fueron tratados, este año el plato fuerte estuvo en el discurso final del presidente de CEOE, Sr. Antonio Garamendi.
Su discurso fue muy celebrado por los asistentes; su aceptación fue tal que, al finalizar, fue seguido de una larga secuencia de aplausos, ejemplo de que sus mensajes habían llegado plenamente a los asistentes.
El presidente inició su intervención lamentando que mientras el mundo está cambiando y planteando grandes desafíos para nuestra generación (los vientos de guerra, la ruptura del multilateralismo en el comercio internacional y las relaciones internacionales, la creciente falta de competitividad de la Unión Europea, y por extensión de nuestro país, los desafíos planteados por la transición verde, por la transición digital y la irrupción de la IA), en nuestro país, en vez de estar trabajando todos codo con codo y buscar lo que nos une, estamos perdiendo nuestras energías en actitudes cainitas. La inestabilidad institucional, dijo, es el peor contexto en el que estamos inmersos para afrontar tales desafíos. De manera gráfica añadió que los esfuerzos se destinan a «gestionar el último escándalo», postergando así cualquier debate sobre los verdaderos problemas de fondo. Adicionalmente, lamentó el papel cada vez menor concedido al Parlamento como fuente normativa.
No hubo exactamente una descalificación global del Gobierno. De hecho, agradeció el buen hacer del Ministerio de Economía en cuanto a la coordinación e implementación de las medidas compensatorias ante los efectos de la Guerra de Irán. Sin embargo, sí lanzó toda la artillería contra el Ministerio de Trabajo.
En efecto, el presidente definió el Diálogo Social como una infraestructura silenciosa, que siempre había tenido efectos beneficiosos para el país. Pero desde el año 2022 aquella buena dinámica se ha quebrado y ha sido sustituida por una intromisión permanente del Ministerio de Trabajo en el diálogo social, monopolizando y condicionando todo espacio de concertación, para imponer un ideario político e ideológico. En este contexto, el supuesto diálogo a tres más bien ha servido para instalarse en la declaración altisonante y la descalificación hacia la parte empresarial.
En este contexto, desde ese año 2022, el Ministerio de Trabajo ha sometido a las empresas y, por ende, a la economía española, a lo que el presidente llamó una «asfixia normativa» o también un «tsunami regulatorio», al margen del diálogo social, de tal manera que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 se han producido 61 cambios en la norma básica que regula las relaciones laborales en España. Dicho de otra manera, el Estatuto de los Trabajadores ha experimentado cambios normativos por la puerta de atrás (la expresión es mía) a través del empleo de la vía reglamentaria, de los decretos, sin pasar por el Parlamento. Lo que el presidente llamó «gobernanza por decreto» en unas materias, las laborales, que antaño tradicionalmente se canalizaban previamente por medio del diálogo social. Ello ha redundado en una excesiva carga regulatoria para las empresas, digamos que manu militari (la expresión es mía).
El presidente mencionó asimismo el hecho alarmante de la falta de Presupuestos Generales del Estado, en un tiempo en que deben afrontarse cuestiones vitales como el gasto en defensa, las urgentes políticas de vivienda o la gestión de fondos europeos.
En el ámbito fiscal, el presidente mencionó el aumento de la presión fiscal, que si en 2017 era del 34,4 % del PIB, en 2024 ya había subido al 37,1 %. En este punto, no dejó de lado la denuncia de que el Gobierno nunca ha querido deflactar la tarifa del IRPF y citó una conclusión, sacada por el Banco de España, de que en el aumento de recaudación de IRPF entre 2019 y 2023, el 50 % obedecía a no haber deflactado las tarifas.
En este punto, como ejemplo, recordó el efecto pernicioso de la fiscalidad sobre las nóminas de los trabajadores, al señalar que, entre 2017 y 2024, ante el aumento de una nómina bruta de un 31 %, la tributación (medida por retenciones de trabajo personal) ha aumentado un 66 %, de modo que el salario neto en realidad ha aumentado el 25,6 %. Es decir, que una parte no pequeña de las subidas salariales se las ha llevado la fiscalidad.
El presidente recordó la contribución de las empresas españolas a la sostenibilidad, visible a través de los llamados informes de sostenibilidad, así como la contribución empresarial a la reducción del empleo temporal. En el sector privado, la temporalidad está por debajo del 12 %, mientras que en el sector público es de casi el 27 % («consejos vendo, que para mí no tengo», dijo el presidente).
Finalmente, el presidente hizo mención del tema del absentismo. En lo que algunos creímos ver que el presidente tiraba de ironía, señaló que en España debe haber una gran crisis sanitaria, pues en 2025 1,4 millones de personas no fueron ni un día a trabajar a su puesto de trabajo por bajas por contingencias comunes. El absentismo, dijo, cuesta 33.000 millones de euros al año, de los que 17.000 corresponden a las empresas. Por tanto, viene a ser un impuesto añadido con carácter indefinido para el tejido empresarial y también un problema más general de país.
En otro orden de cuestiones, también puso de relieve la elevada no ejecución de fondos de formación profesional para ocupados y parados, que, por cierto, son fondos que aportan trabajadores y empresarios.
Entre sus peticiones finales figuró la de implementar políticas económicas que cuenten con las empresas como parte de la solución y no como las culpables de todo.
Resulta patente que no pocas de estas apreciaciones, hechas para el conjunto de España, también son de aplicación directa en las Islas Baleares y Pitiusas, que lógicamente compartimos estas cuestiones con el conjunto del país.