La misma mañana del pasado jueves que llegaban a Balears 10 pateras con 183 personas a bordo, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, se refería a la percepción social de la inmigración: aun siendo una sensación puede tener consecuencias reales. Aludía a la formulación del sociólogo estadounidense William J. Thomas que en 1928 afirmó que si las personas definen las impresiones como reales, estas son reales en sus resultados. Se trataba de poner de manifiesto el hecho de que la inmigración regulada supera sobradamente estadísticamente a la irregular, pero el hecho de que Balears haya superado a Canarias en la llegada de embarcaciones eleva el fenómeno inmigratorio irregular a categoría de problema de primer orden.
La jornada auspiciada por el Consell Econòmic i Social de Balears (CES) ha desarrollado «una reflexión seria y profunda sobre la realidad migratoria», tal como expresó Francesc Fiol, presidente del organismo, con participación de los representantes del empresariado, sindicatos y Cruz Roja. Especialmente esclarecedora resultó la intervención del presidente de l‘Associació Balear d’Empreses de Jardineria de CAEB, Abed Zamrick, mallorquín de Sóller nacido en Líbano de ascendencia siria y depositario de varias generaciones de emigrantes que contextualizó los movimientos migratorios en la propia esencia de los humanos y su necesidad de supervivencia. El punto de partida de las sesiones de trabajo era la presentación del informe «La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas» del que es autor el presidente del CES de España, cuyas conclusiones constituyen la hoja de ruta que el gobierno de Pedro Sánchez ignora a pesar de haber encargado el trabajo. De hecho, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Candela, confundió la clausura del acto de estudio y debate con un mitin para desgranar las bondades de la política de inmigración de Pedro Sánchez. Tan arriba se vino que lo sucedido en Ceuta «no es una invasión», sino «una situación de emergencia humanitaria» en un contexto en el que los movimientos migratorios son utilizados como elementos de desestabilización de España y de Europa. Ni una palabra sobre Marruecos. Además, decía, la regularización masiva de inmigrantes desarrollada por su gobierno no tiene ningún efecto llamada; es la buena marcha de la economía lo que atrae a más personas. Visión desmentida por la consellera del Govern, Catalina Cabrer, para quien citando análisis de seguridad que coinciden con los indicadores del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) «los procesos de regularización masivos y sin condiciones previas generan un efecto llamada directamente proporcional que incrementa la presión sobre las fronteras».
A modo de corolario: hacen falta inmigrantes que quieran hacer el trabajo que rechazan los autóctonos, pero la falta de vivienda cercena cualquier expectativa; el mayor índice de población extranjera de España, roza el 30 % en Balears, está en la base del desajuste entre la demanda social y la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Decía Costas que las sociedades que regulan la acogida de inmigrantes son más tolerantes. Las administraciones deberían tomar nota y dejar de convertir la inmigración en abyecto reclamo electoral.