Que Vila reciba 5 millones de euros al año en concepto de Ley de Capitalidad es una decisión política, como demuestra que el informe que sirvió de base para dicha base cifrara dicho coste en 7 millones al año, mínimo. Dicho informe carece del mínimo rigor que se espera en un asunto tan serio, ya que no cuantifica los costes, ni tampoco los ingresos. No se entiende que el Consell de Capitalidad haya descartado cumplir la ley y elaborar unos informes rigurosos que permitan clarificar dónde destinar las partidas garantizadas por esta ley.
Una regulación insular clara y transparente para el taxi en Ibiza
Los taxistas de la isla deben trabajar con un reglamento común. Eso permitiría que los servicios de inspección pudieran ejercer la labor y control y sanción de la forma más efectiva. Es importante que los ayuntamientos se den cuenta de que si los taxis pueden cargar en otros municipios es un servicio insular y como tal ha de ser regulado, lo que obliga a la cesión de parte de su soberanía al Consell. No tiene sentido que para algunas cosas sea un servicio municipal y para otras insular. Una vez pactado el marco, habrá que analizar las normas más indicadas.