El Consell de Formentera ha presentado alegaciones contra la nueva delimitación de la costa de la isla, un documento que según el presidente de la institución, Jaume Ferrer, rompe con el acuerdo alcanzado en 2006 entre instituciones y partidos para "conciliar la protección y conservación del litoral con el respecto a la propiedad privada".
En un comunicado, el Consell de Formentera ha recordado que este acuerdo tenía como premisas "que los propietarios recuperaran sus propiedades y que se mantuviera la protección del litoral", y que tuvo el apoyo del Ayuntamiento de Formentera, el Consell Insular de Eivissa y Formentera, todos los partidos de la isla, asociaciones ecologistas, empresariales y vecinales y de más de 2.800 firmas de residentes.
Este acuerdo de "delimitación justa", según lo califica, tomaba como referencia la Ley de Costas de 1988, y ampliaba la zona de protección para garantizar la conservación del litoral, reconociendo todas la edificaciones en dominio público anteriores a 1997.
Según denuncia Ferrer, "la nueva delimitación contempla el regreso de las propiedades pero no la protección del territorio, y las dos premisas son igual de importantes".
Para el presidente del Consell, esta desprotección sería contraria a los principios del modelo turístico de la isla y un mensaje con una repercusión muy negativa a la imagen de Formentera.
Entre otras cuestiones, con la nueva delimitación, las pasarelas de madera que permiten transitar por las playas dejarían de estar en zona pública y tendrían que ser retiradas, y habrá aparcamientos públicos que pasarán a manos privadas.
Por su parte, la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer, ha asegurado que el procedimiento ha caducado, puesto a que se debía aprobar en dos años a contar desde el 29 de mayo de 2013, y ha asegurado que la nueva delimitación no cuenta con la declaración ambiental estratégica.
También denuncia que la delimitación prevista es arbitraria porque que "no justifica la excepcionalidad geomorfológica de la isla de Formentera en la que se basa", a la vez que la zona de servidumbre de protección "se aplica de manera discrecional y arbitraria, puesto que en ningún momento justifican cuándo se establece que sea de 100 metros y cuándo de 200 metros".
Ambos representantes han explicado que todos los ciudadanos de Formentera está afectados por este trazado y, por ello, piden su modificación. Reclaman que se devuelvan las propiedades a los propietarios afectados, sin modificar la protección del territorio.