El pleno del Consell de Formentera aprobó ayer por unanimidad exigir al Govern balear «un correcto funcionamiento del servicio de cirugía» en el Hospital de Formentera. Desde hace dos semanas, a causa de una baja por enfermedad y un abandono, el centro sanitario no cuenta con ningún cirujano. Dadas las circunstancias, el Área de Salut activó un plan de contingencia que consiste en trasladar temporalmente cirujanos de Can Misses para realizar consultas e intervenciones pequeñas. Asimismo, se informó que la dirección del Hospital de Formentera está trabajando activamente en la contratación de un nuevo especialista.
Sin embargo, el conseller de Benestar Social insistió en la necesidad de «establecer un servicio de presencias físicas suficiente para garantizar la correcta atención sanitaria» en el centro. El portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, declaró que, pese a existir algunos errores en la redacción de la proposición presentada por el equipo de gobierno, el apoyo a la misma es importante dado que «es un servicio que no puede faltar, por lo que esperamos que nos hagan caso».
Donde no hubo unanimidad fue en la aprobación de la declaración de emergencia climática, que tan solo contó con el apoyo del equipo de gobierno. Sa Unió optó por abstenerse ya que, según Córdoba, «estábamos de acuerdo prácticamente en todo» menos en el segundo punto de la proposición. La oposición consideró que este epígrafe hacía referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición energética de Baleares, «que el mismo Estado español con Pedro Sánchez ha estado a punto de declararla anticonstitucional y tiene una parte referente a los vehículos diésel en suspenso». Pidieron que se retirase este punto, pero no se hizo.
De todos modos, la mayoría absoluta del equipo de Gent per Formentera y PSOE logró aprobar una declaración que reconoce «la existencia de la crisis climática y la gravedad de la situación».
Esto supondrá el inicio de un proceso de educación, formación y concienciación, tanto de la administración como de la población, que será visible en Formentera sobre todo en el compromiso de reducir gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles o la gestión del ciclo del agua, entre otros asuntos.
Sí volvió la unanimidad en la propuesta de iniciar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el molí Vell de la Mola, «un elemento relevante del patrimonio etnológico de Formentera», dado que es «el único molino que conserva toda la mecánica que permitía llevar a cabo la molida de grano para obtener harina», según explicó la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch.
Como se detalló también en el pleno, esta propuesta pretende también servir de precedente para otros monumentos de la isla en un futuro.
De la misma forma, unanimidad del pleno en la declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, donde el organismo insular manifestó su compromiso de potenciar «políticas y actuaciones públicas dirigidas a promover la igualdad» e instó al Estado a «cumplir el compromiso económico acordado en el pacto contra la violencia de género».
Sa Unió
Por primera vez en esta legislatura, el equipo de gobierno apoyó una proposición de Sa Unió relativa a la puesta en marcha del servicio de recogida de animales domésticos muertos que, pese a aparecer en varios reglamentos desde 2013, nunca se ha puesto en funcionamiento.
Llorenç Córdoba explicó que «teníamos el problema de que los residuos no se gestionaban bien y el problema de los propietarios que se encontraban sin solución en un momento tan duro de por sí», y celebró la unanimidad de la propuesta.
No obstante, la segunda proposición de Sa Unió, que pedía incrementar de cinco a 15 días hábiles el periodo de estacionamiento en el parquin disuasorio de la Savina, fue rechazada por el equipo de gobierno.
Los de GxF y PSOE defendieron que «la gente que tenga causas justificadas y necesite más tiempo para aparcar el coche puede pedir una autorización al Consell». Mientras tanto, la oposición lamentó que estas autorizaciones solamente sirven «en casos excepcionales y de alta necesidad», pero discriminan «otras situaciones en las que la gente no puede elegir y se encuentra en un problema muy grave».
Ayer también tomó posesión de su acta como consellera Maribel Castelló (PP) tras la dimisión de la también popular Ana Negre el pasado mes de octubre.