El fiscal de Eivissa Antoni Torres solicitó documentación al consulado español en Rosario y a la oficina del censo electoral para comprobar cómo se había producido la inscripción de los 74 ciudadanos argentinos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Formentera y verificar si existían vínculos suficientes entre estas personas y la isla para que les fuera concedido el derecho al voto. Torres quería comprobar si las informaciones periodísticas en las que se recogían testimonios de dichos ciudadanos manifestando que no conocían Formentera ni tenían allí ascendientes eran ciertas. Una vez estudiada dicha documentación, el coordinador de los fiscales ibicencos tomó la decisión de poner los hechos en manos de los tribunales, a partir de una denuncia que se hizo ayer efectiva.
«En principio no parece que exista ningún nexo entre numerosos de estos emigrantes argentinos censados y Formentera, por lo que es necesario investigar si ha habido algún tipo de fraude en su inscripción», apuntó ayer el fiscal, que no ha mantenido hasta el momento conversación alguna con ellos. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, reconocía hace unos días que si se habían inscrito para votar en la isla era por el interés que suscitaba la posible construcción en Formentera de una casa balear del emigrante santafesino, promovida por el Centro balear ubicado en dicha localidad.
El fiscal ibicenco dijo ayer que ahora el juzgado de instrucción número dos deberá investigar para saber si los 74 censados «eligieron caprichosamente Formentera para inscribirse, sin que nadie les informara de los requisitos de la Ley Electoral, o si algún organismo público les recomendó que se censaran». Es decir, habrá que determinar de quién es la responsabilidad de que dichos emigrantes se inscribieran incorrectamente en un censo, si finalmente todos estos hechos se consiguen probar.