La Consellera de Medi Ambient del Govern Balear, Margalida Roselló, y el resposable de este área en el Consell Insular, Joan Buades, aterrizaron ayer por la tarde en Bruselas con el objetivo de mantener una serie de entrevistas con funcionarios europeos para clarificar las condiciones del proyecto de construcción del dique, entre otros temas.
Buades explicó ayer que creen que «la Unión Europea ha destinado 5.000 millones a la ampliación del puerto de Eivissa, sin tener conocimiento del impacto ambiental que provoca», por lo que la consellera Roselló va a comprobar si este organismo ha tenido en cuenta este impacto y, si no lo ha hecho, que lo vigile para que no se lleve a cabo una «intervención salvaje». Medi Ambient también se asegurará de si la UE ha estudiado las alternativas presentadas, «ecológicamente más sostenibles», remarcó Buades.
Otra de las cuestiones que van a plantear es la de los plazos límites que la UE ha dado a este proyecto, «ya que nadie parece saber exactamente cuales son las fechas reales de la ejecución de las obras, de las que depende que se pueda hacer o no una consulta popular sobre la conveniencia del tema».