GESA no asumirá el coste adicional que supondría soterrar nuevos tendidos eléctricos en suelo rústico, según informó ayer a este periódico un portavoz de la compañía. La empresa recuerda que la ley del sector eléctrico, que entró en vigor en 1997, establece, precisamente, que los tendidos en suelo rústico deben ser aéreos. Paralelamente, la ley recoge una serie de tarifas condicionadas a ese tipo de instalaciones.
Tras el anuncio realizado el pasado fin de semana por GESA de que la moratoria imposibilita llevar a cabo las mejoras «previstas y proyectadas puntualmente» en las redes de distribución, desde el Consell Insular se insinuó que la Norma Territorial Cautelar permite la posibilidad de soterrar esos tendidos. Un portavoz de GESA replicó que esa posibilidad acarrearía unos costes adicionales difíciles de asumir, y recordó que en la ley del sector se subraya que «de ninguna manera se pueden hacer tendidos eléctricos soterrados en suelo rústico». Sólo es obligatorio soterrar en aquellas zonas urbanas que no están aún electrificadas. En este sentido, desde la eléctrica se destaca que se puede estar produciendo un «conflicto entre reglamentaciones nacionales y locales».
Los tendidos subterráneos suponen un coste entre dos y veinte veces superior al que comportan los aéreos, según los cálculos que maneja GESA. Desde la eléctrica se quejan de que la administración insular haya redactado una moratoria sin tener en cuenta esos costes derivados ni, consecuentemente, que alguien tendría que hacerse cargo de ellos, algo que GESA parece no estar dispuesta a asumir ya que es una compañía «cien por cien privada» que debe responder ante sus accionistas y que funciona por criterios de rentabilidad.