Sencillamente, no funciona. El sonómetro que hace un año compró el Ayuntamiento de Sant Antoni para medir el ruido que generan los locales nocturnos quedó inutilizado el primer día que se puso en funcionamiento: simplemente, se quedó sin batería, según explicó ayer a este periódico el concejal de Gobernación, José Juan Ferrer, Blai. El jueves, la oposición progresista presentó una moción en la que se pregunta qué ocurre con ese aparato, que costó un millón de pesetas y que aún no ha sido puesto en funcionamiento.
Lo que ocurre es que está averiado. El sonómetro se adquirió el año pasado, pero hasta el comienzo del verano no se comenzó a enseñar su manejo a siete policías locales. Terminadas las clases teóricas, se procedió a la práctica, pero cuando fueron a ponerlo en funcionamiento en un local de Sant Antoni, nada, ni una sola luz se encendió: se había agotado la batería y, como consecuencia, el aparato quedó bloqueado.
Tras esta curiosa situación, que ocurrió hace una semana, se envió el sonómetro a la empresa que la fabricó, ya que se encuentra aún bajo garantía: «Nosotros no podíamos abrirlo -señaló el concejal de Gobernación-. Es la empresa la que ha de equilibrarlo». De momento, no se ha dado uso a la adquisición millonaria, si bien José Juan Ferrer augura que «está al llegar» y que se empleará inmediatamente para controlar los ruidos de los locales.
El municipio que ya ha puesto en marcha medidas contra los ruidos ha sido el de Santa Eulària, que acaba de abrir un expediente a una residente en Santa Gertrudis por el ruido que producía su generador, que sobrepasaba en 7'7 decibelios los niveles autorizados, situación que provocaba quejas continuas de los vecinos. La sanción podría elevarse hasta las 100.000 pesetas.