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Anular una licencia le costará a Santa Eulària 300.000 euros

La situación urbanística en el municipio se agrava sin que el Ayuntamiento sepa cómo solucionarla

«Está al llegar». Asi de escueto fue el alcalde cuando el Pacte le preguntó por el informe sobre el PDSU solicitado a un experto.

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Los problemas del Ayuntamiento de Santa Eulària en materia urbanística aumentan día a día. A la polémica surgida recientemente con las urbanizaciones de ses Torres y Can Castelló y al hecho de que el Consistorio ya no se atreve a otorgar licencias ante el temor de que su planeamiento urbanístico (el Plan de Delimitación del Suelo urbano, PDSU) sea nulo, se suma ahora la posibilidad de que tenga que indemnizar con más de 300.000 euros (50 millones de pesetas) a un particular por anular una simple licencia de obra concedida en octubre de 1995 para la construcción de un depósito semienterrado para el suministro de agua.

El pleno de la Corporación votó ayer a favor (con la abstención de los progresistas) de declarar la nulidad de ese permiso, para lo que el equipo de Gobierno se apoyó en un informe favorable del Consell Consultiu, aunque éste advierte en ese documento que la potestad del Ayuntamiento para revocar sus decisiones no le va a salir gratis: «(...) los derechos de éste [del particular, Florián Toledo] quedarán salvaguardados, en su caso, a través de la indemnización de los daños y perjuicios», se dice en el dictamen. Precisamente, el pasado 6 de marzo Toledo hizo entrega en el Ayuntamiento de un escrito en el que solicita una indemnización «por valor inicial de 50 millones de pesetas», una acción que el Consell Consultiu califica de legítimo «resarcimiento».

El portavoz del grupo progresista, Carlos Salinas, recalcó ayer el cúmulo de «aberraciones administrativas» cometidas por el Ayuntamiento en la tramitación de este caso, y llamó la atención al propio alcalde, Vicent Guasch, por haber firmado a «ciegas» y sin informes jurídicos o técnicos que le respaldasen "que brillan por su ausencia en el expediente" el decreto por el que se concedió la licencia de aquella obra. El alcalde admitió ayer en el pleno que «de ahora en adelante cada decreto se mirará con lupa».

Desde el Pacte también se advirtió al alcalde de los problemas legales que podrían surgir (y añadirse a este caso) si se diera el caso de que alguno de los miembros del Consell Consultiu que ha emitido el informe mantuviera relaciones contractuales con el Ayuntamiento. El alcalde calló.

Las placas catastrales se controlarán con GPS
El caso de la urbanización de Can Castelló ha servido para que el Ayuntamiento se ponga las pilas en el control de las placas catastrales. La denuncia de esas obras y posterior paralización ha puesto al descubierto un peculiar sistema para construir viviendas nuevas sin necesidad de pedir licencias de obra mayor: utilizar placas catastrales de casas ya existentes para solicitar licencias de obra menor. Para evitar que se vuelva a conceder mediante ese método otra media docena de licencias de obra menor que amparen la construcción de chalets, el Ayuntamiento ha decidido cambiar las placas: de ahora en adelante incluirán, además del número del polígono y de la referencia catastral, el nombre de la venda y las coordenadas de localización por UTM, que los celadores del Consistorio podrán comprobar mediante un aparato de GPS. Así no habrá truco que valga. Eso sí, habrá que tener voluntad de comprobarlo.

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