La Fiscalía ha solicitado al juez que las ocho personas que solicita sean imputadas por la apertura y utilización de un terreno de 15.000 metros cuadrados en Cala Tarida como vertedero presten fianza suficiente «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del pago de los costes de la eventual medida de saneamiento y rehabilitación medioambiental de la zona».
Asimismo, el fiscal Manuel Campoy, que se ha ocupado de las diligencias informativas, considera necesario que el juez solicite un informe pericial medioambiental por si el contenido de ese vertedero, «por su cantidad, dimensiones, ubicación y ausencia de medidas de gestión y protección», supone un riesgo «de grave perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas», y para que determine si el riesgo de deterioro medioambiental es «irreversible o catastrófico».
La decisión de la Fiscalía fue ayer aplaudida por el presidente del Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm, quien recordó las constantes denuncias efectuadas por los ecologistas contra ese lugar: «Aquello -dijo Palerm-, por mucho que diga el propietario es un vertedero incontrolado que funciona de manera alegal. Hay una caseta a la entrada, y da la impresión de que se cobra barato para que se puedan tirar residuos». El presidente del GEN señaló que para evitar esa situación se debería encontrar «ya» un lugar apropiado para tirar escombros, pues los precios actuales para desembarazarse de esos residuos en el vertedero «clandestino» de Roca Llisa son muy elevados, alrededor de 180 euros (30.000 pesetas) por camión.
El concejal progresista de Sant Josep Josep Antoni Prats también se congratuló por la noticia, al tiempo que consideró que sería factible imputar al Consistorio por «posible negligencia», al haber permitido durante años la existencia de ese vertedero.