El PSIB-PSOE y EU, que de forma conjunta ejercen como acusación particular en el «caso Formentera», afirman que la resolución dictada por el juez instructor, Antoni Monserrat, «no es ajustada a derecho». Monserrat dictó un auto de archivo de la supuesta trama organizada por dirigentes del PP para captar votos de forma irregular en las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Formentera, decisión que ayer fue recurrida a través de un escrito presentado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
La letrada Ascensión Joaniquet, que defiende en la causa al PSOE y EU, señala en su escrito que el juez Monserrat (en su auto), «entra en valoraciones de la prueba que no son procedentes, por cuanto las mismas corresponden al órgano juzgador y no al instructor de las diligencias».
Asimismo, Joaniquet insiste en que la «única prueba de investigación realizada por el magistrado instructor bajo secreto sumarial» (realizada en la Oficina del Censo Electoral), «a nuestro entender no ha aportado ningún dato nuevo, dado que el resultado de la misma ya obraba en la causa mediante documental aportada por la defensa de los señores Segura».
Y añade: «Dicha diligencia demuestra a su entender (del juez) la no existencia de un delito electoral y en consecuencia la no existencia de un delito de malversación de caudales públicos, algo sobre lo que, con el debido respeto, diferimos totalmente».
En los 26 folios de los que consta el recurso de la acusación, la letrada realizada una completa exposición sobre las circunstancias que rodearon la inscripción de los 74 emigrantes de Balears en Argentina y Uruguay, así como la actuación de María de la Pau Segura y de su padre, Miquel, en el desarrollo de los hechos.
Además de solicitar nuevas comisiones rogatorias en Sudamérica, la letrada señala que en cuanto al «arraigo» de los electores inscritos en Formentera, «nos viene a señalar el auto recurrido que dicho criterio es una mera indicación carente de efectos prácticos, por cuanto el Municipio de inscripción en España lo determina el propio elector».