Herbusa, empresa que explota el vertedero de ca na Putxa, asegura que ha llevado a cabo por su cuenta «palpables mejoras» de las instalaciones, como la extracción y combustión de biogás, canalizaciones y depósito de lixiviados, iluminación, registro y control de entradas, «a pesar de la falta de respuesta a las solicitudes efectuadas durante años a la Administración». La empresa mantiene que dispone de licencia para el uso del vertedero, pero que si no ha podido adaptar las instalaciones a la normativa actual es porque no les han dejado.
«Herbusa ha actuado con arreglo a la legislación y ha realizado proyectos de adecuación y mejora del vertedero sin que haya obtenido autorización para llevarlos a cabo», indica la empresa en un comunicado.
El Juzgado de instrucción número uno de Eivissa instruye diligencias en contra de Herbusa por la gestión del vertedero a raíz de las denuncias presentadas por la asociación Hábitat y Basuras y la Fiscalía al entender que se podría haber cometido un delito ecológico.
Hábitat y Basuras, por otro lado, indica que el proyecto de reforma del vertedero adjudicado por el Consell a una Unión Temporal de Empresas formada por FCC, Urbaser, Cespa, y Herbusa no servirá para eliminar el foco de contaminación. Por ello, advierte de que informará de todo ello a la Comisión Europea.
La asociación reclama la clausura de ca na Putxa y que se inicie un proceso para limpiar el valle contaminado. Recuerda, además, que el juez tiene en sus manos un informe pericial, realizado por el biólogo Bartolomé Planas, que constata el grado de contaminación de la zona. Según este estudio, existen pozos próximos al vertedero contaminados de lixiviados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia el 12 de junio en la que ratifica que el vertedero es ilegal y que puede causar un perjuicio para la salud pública. El Gobierno español entiende que si en el plazo de un año las instalaciones de ca na Putxa no se adaptan a la normativa actual, la Unión Europea podría imponerle a diario una sanción millonaria (eliminación de subvenciones) hasta que el vertedero cumpla la legislación.