El Govern balear tendrá capacidad sancionadora, ahora no la tiene, cuando entre en vigor una nueva ley que ayer anunció la consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig, y que unificará toda la normativa autonómica y estatal sobre menores.
Cuando el Ejecutivo detecte casos que supongan riesgo o desamparo hacia el menor (malos tratos físicos o psíquicos, abusos, mendicidad obligada, etcétera), podrá interponer sanciones, previsiblemente (este punto está aún por determinar) a través de la Oficina del Defensor del Menor.
Este departamento, aparte de recibir las denuncias o investigar de oficios, se limita ahora a poner los hechos en conocimiento de la Delegación del Gobierno que es quien puede incoar las sanciones.
Una vez la ley sea aprobada, el defensor del menor pasará a tener competencias propias para imponer sanciones en casos de desamparo o riesgo, que en 2004 ascendieron a 450.
«El objetivo es garantizar a los menores una atención de calidad, mejorando la coordinación entre los servicios sociales de Atención Primaria, los primeros en detectar casos de abusos o de maltratos, y los centros especializados», señaló ayer la consellera Rosa Puig que explicó que el proyecto de ley será sometido a la consideración del resto de conselleries y de las organizaciones sociales, además de a los consells insulars que tienen competencia sobre las adopciones.