Salvo el caso de la mansión de Santa Agnès, los ayuntamientos de la isla no han tramitado ninguna otra solicitud para legalizar alguna vivienda construida en la zona de protección costera a través de la controvertida disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma de 2003, conocida popularmente como amnistía Cretu. Casi dos años después de su aprobación nadie más ha hecho uso de esta ley, según ha podido comprobar este periódico tras consultar a los ayuntamientos. Alguna persona de Sant Joan mostró interés hace un tiempo, pero el Consistorio a día de hoy, según su alcalde, Antoni Marí Carraca, no ha tramitado ningún proyecto.
La amnistía Cretu se aprobó dos meses después de que el Tribunal Supremo desestimara, en octubre de 2003, un recurso de súplica de la empresa Baloo Music para evitar la ejecución de la sentencia de demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) en noviembre de 2002. Con este fallo del Supremo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma dictó acto seguido un auto en el que reiteraba la orden de demolición de la casa en un plazo de dos meses.
En ese tiempo, en cambio, se aprobó en el Parlament balear la polémica ley exclusiva para Eivissa y que permitía la legalización de viviendas unifamiliares en un área de protección territorial costera que cumplieran los siguientes requisitos: no estar dentro de la franja de 250 metros contigua a la ribera del mar, estar por debajo de la cota de 250 metros y presentar un proyecto de restauración paisajística específicamente diseñado para reducir su impacto.
Precisamente, Cretu presentó hace un año en el Ayuntamiento de Sant Antoni una solicitud de legalización con un proyecto de restauración paisajística, valorado en 163.000 euros (27 millones de pesetas), para reducir principalmente el impacto visual de la mansión desde el Pla de Corona, con la eliminación de palmeras y plantas exóticas, el cambio del color de la fachada y, entre otras cosas, la reducción del efecto resplandor de los focos de iluminación. Sin embargo, el TSJ niega esta posibilidad, en auto de 1 de septiembre de 2004, ratificado luego en la sentencia de 10 de noviembre de 2005, porque entiende que la mansión del compositor rumano resulta ilegalizable. La defensa de Cretu considera que es el Ayuntamiento de Sant Antoni quien debe decidirlo, por lo que ha recurrido de nuevo al Tribunal Supremo para recurrir la resolución de la instancia judicial superior de Balears. El Consistorio también lo ha hecho.
En su momento, la consellera balear d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, defendió en el Parlament balear que la amnistía Cretu no era tal, sino «una previsión normativa contenida en las antiguas Directrices de Ordenación del Territorio del año 1999» y que el Govern balear se limitaba a «recuperarla con una situación muy particular que sufre en este momento la isla de Eivissa». Así respondía Cabrer a las acusaciones de la oposición sobre el escándalo que suponía aprobar una ley para salvar el cuello al Ayuntamiento de Sant Antoni por autorizar la construcción de la mansión, declarada ilegal por los tribunales en repetidas veces.