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El Ayuntamiento de Sant Josep dice que probablemente archivará el caso Huerta

El arquitecto municipal niega cualquier vinculación comercial con su nuera, la arquitecta Pilar Fernández

Según aseguró el Ayuntamiento de Sant Josep, en la carta remitida a la administración municipal, el arquitecto municipal, Antonio Huerta, afirma que todas las acusaciones e insinuaciones que se han hecho en torno a su persona son producto de una campaña de un grupo ecologista, en clara referencia al Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que puso en manos de la Fiscalía el asunto de la urbanización de ses Serretes de Cala Carbó.

Por su parte, el Pacte de Sant Josep también intervino en el asunto para acusar abiertamente a Huerta de favorecer a determinados arquitectos con los que tiene alguna vinculación y pidió en un pleno del Ayuntamiento que se abriera una comisión de investigación, petición que se rechazó.

MAITE ALVITE
El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó ayer que el pasado viernes recibió la respuesta del arquitecto municipal, Antonio Huerta, en la que niega que tenga una relación comercial con la que es su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández. Según confirmó la corporación, Huerta «no asume ninguna de las acusaciones». Ante el desmentido de Huerta, y aunque la corporación local todavía no ha tomado una decisión definitiva, el responsable de prensa del Ayuntamiento apuntó que «lo más lógico es que el Ayuntamiento archive las diligencias previas informativas» que abrió el pasado 23 de noviembre el alcalde de Sant Josep, Josep Serra Escandell, tras salir a la luz que el arquitecto municipal había avalado proyectos de dudosa legalidad presentados por su nuera. Entre ellos, el caso de la urbanización de la zona de ses Serretes de Cala Carbó, en el que Huerta, según denunció el Grup d' Estudis de la Naturalesa (GEN), había emitido un informe que permitió levantar la paralización que pesaba sobre el proyecto presentado por Pilar Fernández. En este caso, el propio GEN solicitó a la Fiscalía de Eivissa que investigase presuntos delitos «contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente», además de «los de prevaricación, tráfico de influencias, y actividades prohibidas a funcionarios públicos o personal al servicio de la Administración». Los ecologistas resaltaron la gravedad del hecho de que desde los propios servicios técnicos «se estén amparando ilegalidades de la magnitud que se dan en Sant Josep», por lo que solicitaron la suspensión inmediata del arquitecto municipal, Antonio Huerta. Ante esta situación, Huerta envió un escrito al alcalde de Sant Josep en el que, como ahora, negaba cualquier irregularidad pero ponía el cargo a disposición de Josep Serra. El primer edil confirmó entonces que no decidiría si aceptaba o no la renuncia del arquitecto hasta que concluyeran las diligencias informativas que había abierto, unas diligencias que con toda probabilidad se archivarán, según reconoció ayer el Consistorio.

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