Según aseguró el Ayuntamiento de Sant Josep, en la carta remitida a la administración municipal, el arquitecto municipal, Antonio Huerta, afirma que todas las acusaciones e insinuaciones que se han hecho en torno a su persona son producto de una campaña de un grupo ecologista, en clara referencia al Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), que puso en manos de la Fiscalía el asunto de la urbanización de ses Serretes de Cala Carbó.
Por su parte, el Pacte de Sant Josep también intervino en el asunto para acusar abiertamente a Huerta de favorecer a determinados arquitectos con los que tiene alguna vinculación y pidió en un pleno del Ayuntamiento que se abriera una comisión de investigación, petición que se rechazó.
MAITE ALVITE
El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó ayer que el pasado viernes
recibió la respuesta del arquitecto municipal, Antonio Huerta, en
la que niega que tenga una relación comercial con la que es su
nuera, la también arquitecta Pilar Fernández. Según confirmó la
corporación, Huerta «no asume ninguna de las acusaciones». Ante el
desmentido de Huerta, y aunque la corporación local todavía no ha
tomado una decisión definitiva, el responsable de prensa del
Ayuntamiento apuntó que «lo más lógico es que el Ayuntamiento
archive las diligencias previas informativas» que abrió el pasado
23 de noviembre el alcalde de Sant Josep, Josep Serra Escandell,
tras salir a la luz que el arquitecto municipal había avalado
proyectos de dudosa legalidad presentados por su nuera. Entre
ellos, el caso de la urbanización de la zona de ses Serretes de
Cala Carbó, en el que Huerta, según denunció el Grup d' Estudis de
la Naturalesa (GEN), había emitido un informe que permitió levantar
la paralización que pesaba sobre el proyecto presentado por Pilar
Fernández. En este caso, el propio GEN solicitó a la Fiscalía de
Eivissa que investigase presuntos delitos «contra la ordenación del
territorio y contra el medio ambiente», además de «los de
prevaricación, tráfico de influencias, y actividades prohibidas a
funcionarios públicos o personal al servicio de la Administración».
Los ecologistas resaltaron la gravedad del hecho de que desde los
propios servicios técnicos «se estén amparando ilegalidades de la
magnitud que se dan en Sant Josep», por lo que solicitaron la
suspensión inmediata del arquitecto municipal, Antonio Huerta. Ante
esta situación, Huerta envió un escrito al alcalde de Sant Josep en
el que, como ahora, negaba cualquier irregularidad pero ponía el
cargo a disposición de Josep Serra. El primer edil confirmó
entonces que no decidiría si aceptaba o no la renuncia del
arquitecto hasta que concluyeran las diligencias informativas que
había abierto, unas diligencias que con toda probabilidad se
archivarán, según reconoció ayer el Consistorio.