A Santiago Pizarro, en calidad de alcalde accidental de Vila, le ha tocado salvar el último escollo necesario para la aprobación de la modificación puntual del PGOU que permitirá desarrollar el proyecto de remodelación del centro de la ciudad conocido como 'Eivissa Centre'. Él tendrá que firmar esta semana un decreto que anula al que en agosto de 2006 firmó el anterior alcalde, Xico Tarrés, para dar por aprobado ese proyecto ante la «falta de voluntad política» supuestamente demostrada por el anterior equipo de gobierno del Consell Insular.
El propio Pizarro, en rueda de prensa, se encargo ayer de matizar que el decreto que se suprimirá «es legal y correcto» en lo que se refiere a su fondo, pero argumentó que su retirada se produce porque los servicios jurídicos del Consell d'Eivissa así lo han aconsejado «por razones de seguridad jurídica» y para evitar obstáculos con vistas a la aprobación del proyecto en el próximo pleno que se celebrará a finales de mes. Así lo pactaron responsables de ambas instituciones como la única fórmula para desatascar un proyecto que llevaba paralizado casi tres años en el Consell.
Santiago Pizarro compareció ante los medios de comunicación acompañado por el teniente de alcalde de Planificación Territorial, Vicent Torres, quien reiteró la disposición anunciada en su día por la alcaldesa, Lurdes Costa, de «replantear» el proyecto si ello resultara «beneficioso». Torres señaló que, una vez aprobada por el Consell la modificación puntual del PGOU que permitirá desarrollar el proyecto 'Eivissa Centre' se retomarán las conversaciones que quedaron pendientes con los sectores implicados para, posteriormente planificar una ejecución «secuencial» de las distintas intervenciones que prevé esta iniciativa. «Primero se hará lo más prioritario para la ciudad», matizó el edil, quien estimó que al final de esta legislatura «la ciudad será muy distinta» [aludiendo a su fisionomía urbana], aunque todo el proyecto no se pueda finalizar en su totalidad. Cabe recordar a este respecto que 'Eivissa Centre' contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo y la nueva escuela de Sa Graduada [ya terminada], el edificio de Joan XXIII [para realojar a los propietarios de las viviendas de Santa Margarita y para VPO], el nuevo edificio de los juzgados y de la Delegación del Gobierno, aparcamientos soterrados en la plaza de Sa Graduada, un nuevo auditorio y escuela de música, y otro aparcamiento subterráneo y la nueva escuela de Sa Bodega en la calle Murcia.