L.MOYÀ-J.MESTRE
La Sindicatura de Comptes presentó ayer en el Parlament la fiscalización de las cuentas de la Comunitat Autònoma y sus empresas públicas correspondientes a 2006, querevelan que la deuda total ascendía al concluir el el ejercicio a 2.166 millones de euros.
Los síndics, que presentaron las cuentas a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, recomiendan moderar los compromisos económicos con cargo a ejercicios futuros. En concreto, la deuda de la Administración autonómica se situó en 1.012 millones de euros, un 11 por ciento más respecto al ejercicio anterior, mientras que la referida a las 177 entidades y empresas públicas fue de 1.154 millones. En cuanto a los gastos comprometidos, los síndics explicaron que la cantidad que deberá afrontarse asciende a 2.367 millones, lo que supone un incremento del 28 por ciento en relación al ejercicio anterior. Estos gastos hipotecan las arcas de la Comunitat hasta el año 2034.
El síndic Antoni Mas declaró tras presentar las cuentas a Munar que esta institución «no opina» sobre cuál debe ser el nivel de endeudamiento de la Comunidad, aunque dejó claro que el nivel alcanzado en 2006 «no está fuera de los márgenes legales establecidos», aunque el informe recomienda «moderar la contratación de obligaciones con cargo a ejercicios futuros».
En referencia al Ib-salut, la Sindicatura señala que la deuda al cierre de 2006 fue de 60 millones, al tiempo que se pone de manifiesto la existencia de «debilidades» de control interno, por lo que invita a «dedicar los recursos adecuados» para evitar tal situación en este organismo público.
Sobre las 177 entidades dependientes y vinculadas a la Administración autonómica, la Sindicatura recomienda analizar la estructura y la composición del sector público autonómico y «velar» por su adaptación a la satisfacción de las necesidades públicas bajo los principios de «eficacia, eficiencia y economía».
En materia de contratación, la Sindicatura de Comptes ha constatado la necesidad de garantizar que las entidades dependientes y vinculadas a la Comunidad Autónoma también «hagan efectivos» los principios de publicidad y de concurrencia en la contratación.