El Govern negociará con el Estado un nuevo sistema de financiación que aporte a Balears un mínimo de 200 millones de euros anuales más, atendiendo así al aumento de los residentes en los últimos años y a la población flotante. El conseller d'Economia, Carles Manera, aseguró que tras las elecciones generales del pasado domingo la «sinergia [entre los gobiernos balear y central] facilita el entendimiento». Anteayer mismo el departamento dirigido por Manera se puso en contacto con el Ministerio de Economía para tratar «los temas pendientes» entre el Estado y Baleares como es la rúbrica del convenio ferroviario. Antes del verano, confía el conseller, comenzarán las negociaciones bilaterales entre los ejecutivos central y autonómico para fijar el contenido del nuevo sistema de financiación balear. Esta cuestión también deberá ser abordada conjuntamente por todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha comentado el conseller. Manera ha precisado que la «cifra para comenzar a negociar» la mejora de la financiación balear son 200 millones al año más de lo que recibe en la actualidad.
Por otro lado, El conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, criticó que la «fórmula mágica» del PP para abaratar el precio de las viviendas en Balears y en toda España sea la liberalización del suelo y señaló que el único modelo posible para conseguir reducir los precios es el de la constitución de Patrimonios de Suelo Público y la construcción de viviendas de protección oficial o de precio tasado. Lo manifestó en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Antoni Diéguez, quien preguntó al conseller su opinión acerca de la propuesta del número dos de la lista del PP al Congreso, Manuel Pizarro, de favorecer la liberalización total del suelo. Según expuso Diéguez, Pizarro propuso que, a no ser de que exista un paraje protegido o de especial protección «debería construirse», señalando que cuando se viaja en avión por España «se ven masas oscuras y enteras de suelo abundante que hay que poner en el mercado». «Detrás de liberalizar el suelo se esconde la urbanización total» sentenció Diéguez. Por su parte, Carbonero recordó que en abril de 1998 se aprobó la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones 6/1998 promovida por el Gobierno de José María Aznar, que pretendía según el conseller, que todo el suelo que no tuviera valor ecológico especial fuera urbanizable.