CLAUDIA ROIG
El conseller insular de Mobilitat, Albert Prats, criticó ayer la «falta de implicación» del Govern en el transporte público de Eivissa, porque esta isla está históricamente discriminada respecto a Mallorca, donde en los últimos años se han invertido en esta materia «millones y millones de euros». De esta forma, Prats se une a la «decepción» que aseguró sentir la diputada de Eivissa pel Canvi Marián Suárez en el debate sobre el estado de la autonomía respecto a este asunto. De hecho, Suárez dijo que no se había cumplido lo prometido respecto a transporte público y remarcó que los ciudadanos consideran que es uno de los peores servicios de la isla, según la macroencuesta del Consell.
Prats explicó que hace tiempo que están negociando con el Govern balear una mejora sustancial del dinero que debe aportar para el transporte público. El mayor problema es que el Consell d'Eivissa, igual que el de Menorca, tiene las competencias en transporte público transferidas desde finales de los 90. En ese momento sólo se contempló el personal para expedir tarjetas de transporte y no se transifrió el dinero necesario para llevar a cabo un transporte público «potente». En cambio, el Govern no transfirió esta competencia al Consell de Mallorca, por lo que el Ejecutivo balear gasta mucho dinero en esa isla, pero prácticamente nada en Eivissa.
Recientemente el Consell consiguió una mejora de la financiación que recibe cada año del Govern y que ahora será de 450.000 euros anuales en vez de los 250.000 de antes. «El incremento es importante pero no nos arregla nada en absoluto», explicó Prats, que recordó que el Consell gastará este año alrededor de 700.000 euros en subvencionar a las compañías de transporte para que el precio del billete no sea tan caro. «Esos 450.000 euros no llegan ni para pagar esto, no hablemos ya de crear estaciones de autobuses, arreglar paradas o de crear un sistema tarifario integrado o modernizar los propios autobuses... Todo esto tiene un coste muy grande y en Mallorca se está haciendo desde hace muchos años con dinero del Govern balear y en cambio en Eivissa no ha habido una apuesta en este sentido», añadió el conseller, que ahora reclama una cantidad «millonaria» al Govern para compensar este agravio. Prats no quiere concretar la cifra porque todavía está negociando. Este dinero y el resultado de los contactos llevados a cabo hasta el momento se concretarán pronto, cuando se voten los presupuestos del año que viene.
«Me consta que el presidente Antich es consciente de las necesidades de Eivissa, pero creo que hace falta una mayor implicación que por ahora no se está dando y no quiero entrar en las causas y en las conselleries responsables, pero ahora el sentimiento es de decepción», añade Prats, que no se imagina un escenario en el que no se reciba una buena dotación presupuestaria. «Eivissa tiene muy poco dinero para transporte público y alguien tiene que responder de esto».
Precisamente Francesc Antich dijo hace escasos días en el Parlament que quiere mejorar la financiación de los consells y aseguró que quiere que sea la «legislatura del transporte público».
De todas formas, Prats matizó ayer que no se tiene que confundir esta negociación con el dinero que pueda proceder del nuevo Estatut en concepto de déficit de inversines y que es algo que corresponde «de pleno derecho» a los ibicencos.
El plan de movilidad del Consell está a punto de salir a concurso por 100.000 euros y estará terminado sobre el mes de marzo. En él se plasmarán qué necesidades en transporte público hay en Eivissa, qué líneas de bus hacen falta, cuáles son los mejores inicios y finales de trayecto, etc. «Ahora mismo tenemos líneas deficitarias y otras con superávit y con una reordenación más eficiente podremos dar un mejor servicio», señaló el conseller, que indica que una vez tengan este plan en sus manos comenzarán a negociar con las empresas concesionarias del servicio, ya que habrá alteraciones de contratos. «Lo que no tiene sentido es seguir funcionando como hasta ahora, donde se van improvisando servicios y después cuando los habilitas se demuestra que no había necesidad, como ha ocurrido con la lanzadera de Santa Eulària al aeropuerto», explicó Prats.