El Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer de forma inicial la nueva ordenanza cívica del municipio, que prevé sanciones para las personas que mantengan «conductas incívicas» como el «vandalismo, graffitis, contaminación acústica, prostitución, la mendicidad agresiva o el consumo de alcohol en espacios públicos», entre otras acciones.
La grupo popular se abstuvo de votar la nueva normativa e incluso pidió la retirada de la ordenanza, porque, según indican, sus sanciones «son arbitrarias» y es una norma «llena de errores y contradicciones». «Quieren sancionar la mendicidad y una persona que está en la calle y que no tiene posibilidades económicas, ¿le ponen una multa porque es más efectivo?», preguntó la portavoz que aseguró que la ordenanza «deja muchas cosas a la arbitrariedad» como las sanciones debido a que, según Marí, implica que será la autoridad encargada de sancionar quien dictamine las multas que se impondrán. «La voluntad política no puede determinar la aplicación o no de una artículo de la norma. De la discrecionalidad a la arbitrariedad hay un solo paso, y el estado de derecho se inventó para que eso no pase», criticó la portavoz popular sobre el sistema de sanciones que según la ordenanza prevé multas hasta un máximo de 3.000 euros, una cantidad que se decidirá dependiendo de la gravedad del hecho, pero también de la intencionalidad, la reiteración y la capacidad económica del infractor.
Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Vicent Ferrer, defendió la nueva ordenanza y destacó que está enfocada «a garantizar la convivencia». Asimismo, el edil aseguró a la portavoz que son normas «de sentido común» y que la primera acción policial que actuará con esta herramienta legal «será preventiva». Asimismo, ante las críticas de la oposición que tacha la norma «de corta y pega» de la de Barcelona, Ferrer indicó que está adaptada a las necesidades de Vila y que es idéntica a la de Sant Antoni «que está dando muy buenos resultados».
Ferrer también indicó que la ordenanza alberga la posibilidad de cambiar sanciones por trabajos a la comunidad que, según recordó a la oposición «es una propuesta vuestra, cuyo texto es idéntico a uno del Ayuntamiento de Conil de la Frontera», concluyó Ferrer.