La Conselleria de Salut ya puede ocupar los terrenos para construir el hospital

El Ayuntamiento de Eivissa se considera desde ayer propietario de los solares de sa Jovería que se destinarán a la construcción del hospital. Por ello, efectuará hoy una «cesión anticipada» para poner a disposición de la Conselleria de Salut los terrenos, a fin de que «se puedan iniciar las obras cuanto antes», explicó la alcaldesa, Lurdes Costa.
Esto es posible porque el Consistorio ha finalizado los trámites con los propietarios de los terrenos para la cesión al Ayuntamiento, que a su vez los pondrá a disposición de la conselleria «para que pueda hacer la licitación del proyecto y la ocupación definitiva del solar». Y, como aún quedan unos flecos que cerrar, como firmar la cesión ante notario y aprobarla en pleno, el Consistorio efectúa la cesión anticipada «para que se puedan empezar las obras».
«Secuestro» de zona azul
Así lo explicó la alcaldesa Lurdes Costa, ayer, después de un pleno municipal que se extendió por cuatro horas. Una sesión llena de mociones del Partido Popular, que pusieron sobre la mesa temas como la situación del colegio de Can Misses, debido al cierre de dos aulas por la caída de un falso techo y el hundimiento del suelo, y la petición de que se efectúe «un secuestro» de los ingresos de la empresa Park Control 2000, concesionaria de la zona azul, para garantizar el pago de la deuda que tiene con el Consistorio. Una deuda que, según el equipo de Gobierno, asciende a 500.000 euros, pero que, para la oposición, ronda «los 1,2 millones».
Se trata de una propuesta que hizo el concejal Jaime Díaz de Entresotos que considera que la intervención que llevará a cabo Vila «es una medida tibia». En respuesta, Costa aseguró que los servicios jurídicos estudiarán la propuesta, pero que se siguen dando los pasos para nombrar un interventor que fiscalice las cuentas de la empresa hasta que se termine el proceso de resolución del contrato.
Por su parte, la portavoz popular Virtudes Marí criticó que la empresa sigue ingresando una media de 6.000 euros por día y que hay «falta de control de ingresos y gastos». El concejal Santiago Pizarro volvió a rechazar la acusación y aseguró que la empresa presenta informes «mes a mes». El PP también puso en duda el informe del interventor que permitió que el Consistorio condonara 420.000 euros del canon variable que la empresa debía pagar a Vila, porque el Govern le cobró esta cantidad por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, algo que no estaba plasmado en el pliego de contratación. Según el PP, esto se hizo sin justificación y se podría haber evitado, por lo que reclama un informe jurídico que lo avale.
En cuanto al mantenimiento del colegio de Can Misses, la concejala popular Olga Martínez criticó que el Consistorio hizo «un mínimo de mantenimiento», que ocasionó que dos aulas tuvieran que ser cerradas cuando el Ibisec (Institut Balear d'infraestrucures educatives) había advertido que los problemas se debían «a la falta de mantenimiento». Por su parte, la concejala de Educación, Irantzu Fernández, rechazó esta acusación y recordó que «los informes técnicos concluyeron que la escuela tiene problemas por la proyección del edificio y porque que tiene 35 años de antigüedad».