Un 90,4 por ciento de los ibicencos asegura que si un inmigrante se queda sin trabajo durante mucho tiempo debería ser expulsado del país, según el análisis de Gadeso. En el caso de Formentera, la cifra se sitúa en el 86,5 por ciento. En comparación con hace dos años, concretamente con mayo de 2008, las respuestas suponían un 45,2% en el caso de Eivissa y un 33,8% en Formentera.
Asimismo, y según la misma fuente, un 97,4 por ciento de los ciudadanos de Eivissa cree que si un inmigrante comete un delito grave debería ser expulsado el país. En Formentera, el porcentaje es del 94,4 por ciento frente al 77,4 por ciento que se registró en mayo de 2008. Según Gadeso, la percepciones negativas «no han dejado de crecer» en Balears y son más relevantes en Mallorca y en Eivissa, donde la presión migratoria es mayor que en Menorca y Formentera.
En la misma encuesta de Gadeso hay que resaltar que el 82,2 por ciento en Eivissa y el 56,8 por ciento en Formentera piensa que el dinero de los «autóctonos» se reduce con la llegada de inmigrantes que vienen a trabajar y a vivir a España. Por contra, el 18,2 por ciento de los ibicencos y en el caso de Formentera es el 23,4 por ciento piensa que los inmigrantes permiten cubrir puestos de trabajo para los no hay mano de obra suficiente o actividades que la gente de Balears, no quiere desarrollar.
«La preocupación delante del fenómeno de la inmigración tiene varias perspectivas. Por un lado, la inquietud de que se percibe una presencia masiva de inmigrante como una posible competencia dentro del mercado de trabajo cada vez más competitivo y afectado por la crisis, y, por otro lado, la posible percepción de dificultades para convivir con personas y colectivos de diferentes culturas y hábitos», apunta Gadeso.
A nivel balear, el 75 por viento de los ciudadanos tiene una opinión negativa sobre los inmigrantes con papeles porque ocupan puestos de trabajo (60%), saturan los servicios públicos (25%) o no quieren integrarse (15%). En cuanto a los inmigrantes irregulares, el 75 por ciento de los baleares piensa que deberían ser expulsados por generar una economía sumergida (16%), delincuencia (54%) o por un uso abusivo de los servicios públicos (32%). Sólo el 10 por ciento cree que se debería regularizar su situación para garantizar así sus derechos.
«Percepción de saturación»