El Ayuntamiento de Vilaha dadoluz verde, con la abstención del Partido Popular, al convenio con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), para la urbanización de Ca n'Escandell y la creación de una zona verde.
La portavoz del grupo del PP, Virtudes Marí, señaló que «el gobierno central no le está regalando nada al municipio a pesar de esa inversión de 11 millones de euros por parte del ministerio de Vivienda».
Marí recordó que «el consistorio deberá entregar los solares edificables que no se destinen a zona verde».
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Vivienda, Marc Costa, apuntó que «las viviendas que se construirán en esos solares que cederá el Ayuntamiento serán exclusivamente de protección oficial, con lo que se permitirá el acceso a una casa para más de 400 familias del municipio».El SEPES, dependiente del ministerio de Vivienda tiene un plazo de cinco años para urbanizar la zona y crear el parque. Tras la aprobación inicial del convenio, saldrá a exposición pública un mes y después se le podrá dar luz verde definitiva.
Por otro lado, Virtudes Marí, anunció hoy la presentación de una denuncia ante Fiscalía para que investigue el expediente de contratación de un local de alquiler para uso y servicio de una iglesia evangélica en el barrio de Cas Serres. Precisamente en el pleno se discutió sobre esta cuestión.
Los populares consideran que «el concejal de Participación Ciudadana, Vicent Ferrer, podría haber incurrido en un delito de prevaricación por no someter a concurso público esa contratación para que otras entidades pudiesen disponer del pago de un alquiler». Marí apuntó que «ha habido trato de favor hacia esa entidad».
El concejal, Vicent Ferrer, aseguró estar tranquilo porque considera que «no ha habido ninguna irregularidad en la tramitación del expediente de contratación». Atribuyó el retraso en la apertura del local, que está cerrado desde junio de 2008, «al cambio de la ley de contratación».
Los populares criticaron asimismo que «se hayan pagado ya alrededor de 30.000 euros de alquiler y que el local siga estando vacío y aun no se hayan ejecutado las obras de reforma que están pendientes».
El pleno también rechazó dos mociones de los populares, una de ellas era para instar al Govern a que retire definitivamente su intención de reorganizar el servicio del 061. Desde el equipo de gobierno aseguraron que «no tenemos competencias para pronunciarnos sobre esta cuestión».
También se rechazó otra moción de los conservadores para secuestrar las cuentas y los parkímetros de la empresa concesionaria de la zona azul. Desde el PP insistieron en que «hay irregularidades». El equipo de gobierno contestó que si creen que hay irregularidades lo lleven a los Tribunales porque están convencidos de que «todo se ha hecho en base a la legalidad».