Este mes hará tres años que la coalición de izquierdas PSOE-ExC ganó las elecciones. Con la legislatura prácticamente en los últimos compases, muchos puntos del pacto de izquierdas con el que se concurrió a las elecciones se han cumplido, aunque también hay flagrantes modificaciones y muchos retrasos y ausencias.
Una de las cuestiones que más llama la atención es la urbanística. El acuerdo que firmaron PSIB, Bloc y UM para gobernar Balears incluía que se derogara la ley de medidas específicas urbanísticas de Eivissa (ley 11/2005), que aprobó el PP para que se pudiera aplicar el Plan Territorial Insular (PTI) y que los progresistas siempre habían criticado por su permisividad con la construcción. Para cumplir este punto programático, el Govern aprobó una ley de medidas urgentes a través de la cual se protegió Roca Llisa, Cala d'Hort, Benirràs y Punta Pedrera y con la que se derogaron varios artículos de la ley del PP. Entre ellos el que legalizaba los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, dos grandes extensiones de terreno que están construidas y que pasaron así, de repente, a ser suelo rústico a través de la normativa progresista.
Deshacer lo andado
Lo más sorprendente es que ahora quieren aprobar otra normativa para volver a dejar como urbanos Cala Tarida y Platja d'en Bossa. El PSOE, además, quiere que se recupere otro apartado de esa ley del PP para permitir la legalización de determinadas edificaciones en suelo rústico.
Otro de los acuerdos que se incluía en ese pacto de gobierno era ampliar el puerto de Eivissa según los acuerdos firmados por socialistas y Eivissa pel Canvi. Algo que finalmente se está haciendo (las obras empezaron la semana pasada), aunque no sin muchas disputas internas en la coalición por las diferentes interpretaciones que se daban a los acuerdos de gobierno.
Tres años después de firmar ese pacto tampoco se han dado a conocer todavía los resultados de la auditoría de las autovías que se prometía en ese pacto, ni se ha dado ningún paso para crear un centro o escuela de artesanía y cultura popular de Eivissa.
Tampoco nada se sabe de los 40 millones de euros que tenía que dar el Ministerio de Medio Ambiente a Balears para la compra de terrenos en el litoral, una parte de los cuales tenían que ir destinados a ses Feixes. En cuanto a turismo, se apostaba por controlar el 'todo incluido', algo que tampoco se ha llegado a hacer.
Durante la campaña electoral, el ahora presidente del Consell prometió que habría un médico por cada 1.200 habitantes en Eivissa e incrementar la cantidad de trabajadores sociales para que se llegara a la proporción de uno cada 3.000 personas. Lo que sí se ha cumplido es la promesa de iniciar un nuevo hospital, aunque la primera piedra se ha puesto hace poco tras innumerables retrasos para conseguir el solar.
Uno de los puntos del programa electoral era la eliminación de la estructura del complejo turístico que ideó Sert en Caló d'en Serra. Esta propuesta ha quedado en nada, porque hace tiempo que el Consell ha renunciado a ello. Por otro lado, se prometieron importantes ayudas a la agricultura. Tarrés aseguró que promoverían actividades agrícolas menores rentables para que el trabajo ganara dignidad.
Desde el principio, los progresistas aseguraron que la competencia en promoción turística se traspasaría al Consell d'Eivissa a finales de legislatura. Esta promesa ha quedado en agua de borrajas porque, según anunciaron esta pasada semana la consellera balear de Turisme y el presidente del Consell, esto no será posible por la adversa situación económica. Tarrés sí dejó la puerta abierta a que llegara una pequeña parte de las competencias.
Una de las promesas era la construcción de la Biblioteca Nacional, un proyecto que está todavía en tramitación y va muy lento. También se prometió crear un consorcio de transporte y mejoras en los autobuses como instalación de GPS y fijación de una tarifa única y creación de abonos. Esta cuestión también está en marcha, pero todavía no se han visto resultados.