En total ocho sindicatos (UGT, CCOO, CSI-F, STEI-i, USO y los tres sindicatos de policías UFO, SUP y CEP) llamaron ayer a todos los trabajadores afectados por el «decretazo» del Gobierno a manifestarse el próximo martes. La concentración tendrá lugar a partir de las 19,00 horas con salida en el Parque de la Paz y llegada al paseo Vara de Rey.
En este sentido, el representante de UGT, Diego Ruiz, indicó que en las Pitiüses hay unos 6.000 trabajadores, entre funcionarios y laborales, que están afectados por el paquete de medidas aprobado por el Gobierno: «Son medidas que no van a crear empleo, que están destinadas a contener el gasto y no hay ninguna que suponga incrementar ingresos». Por eso, instó a buscar fórmulas para reducir los gastos de las administraciones y aumentar los ingresos del Estado.
Además, desde los sindicatos señalaron que, a pesar de lo que cree la gente, «el 60 por ciento de los funcionarios son mileuristas», indicó Felipe Zarco, representante de CCOO. Zarco también hizo un llamamiento a los pensionistas a participar en esta movilización «porque además de tener unos sueldos míseros, las congelaciones recaen sobre ellos».
Medidas insolidarias
«Animamos a los empleados públicos a que ejerzan el derecho de huelga porque son medidas insolidarias, injustas y vuelven a recaer en un colectivo que ya estaba afectado», apuntó Ruiz, que recordó que en los últimos años no han experimentado incrementos de salario en función del aumento del IPC ya que sus sueldos estaban congelados, «mientras el sector privado tenía grandes beneficios; por tanto, tienen ya un bagaje de dificultad en el incremento del salario», precisó.
El representante del sindicato de educación STEI-i, Eldelmiro Fernández, indicó que los que deben mostrar «austeridad» son los mismos responsables políticos. En esta línea, apuntó que el recorte en los salarios no sólo afectará al trabajo sino que también habrá un «recorte en inversiones, que pueden afectar al Estado del bienestar». Asimismo, precisó que los sueldos de los funcionarios son los más controlados por el Estado y, en la mayoría de los casos, los más bajos.
El secretario del CSI-F, Ramón Taboada, señaló que esta nueva convocatoria de movilización ya no es «sólo por lo que hay sino por lo que pueda venir de aquí en adelante». Su compañero de sindicato, Juan Nieto, se mostró esperanzado ante la afluencia de gente el próximo martes: «Confiamos en que el 8-J haya una manifiesto masivo, ya no sólo de funcionarios, sino de cualquier persona que se vea afectada» y precisó que el único responsable es «el señor Zapatero».
120 policías menos
El representante del CEP (Confederación Española de Policía), Carlos Muñoz, mostró su apoyo a la convocatoria y señaló que en las Pitiüses estos recortes se verán traducidos en una disminución de la plantilla. «Se va a notar de una forma dramática. Puede ser que este verano se pueda capear pero los próximos veranos estaremos en no más de 100 policías nacionales, cuando lo normal serían unos 224», apuntó. Muñoz también señaló que esta es una situación que se «podría haber previsto, ya que cuando había dinero se tendría que haber estabilizado la plantilla y la seguridad de los ciudadanos». Asimismo, desde el CEP indicaron que, hasta el momento, «era difícil hacer las cosas peor».
El único sindicato que, previsiblemente no se sume a la manifestación del 8 de junio, es el del sector de sanidad, según indicó Ruiz: «Ellos habían convocado movilizaciones aparte y han decidido mantenerlas. Nosotros entendemos que esa separación no es positiva porque [la convocatoria] debe ser lo más unitaria posible».
«Eliminar la Conselleria de Treball es una mala idea»
Los sindicatos también valoraron la decisión del Govern balear de eliminar las consellerias de Treball y la de Agricultura. En este sentido, apuntaron que prescindir de la Conselleria de Treball es «una mala idea ya que hay otras que son menos necesarias». De esta manera, Ruiz indicó que con los tiempos que corren, los departamentos imprescindibles serían los de Función Pública y Hacienda, Trabajo, Sanidad y Educación.
Eldelmiro Fernández, por su parte, apuntó que no se trata de eliminar consellerias sino de prescindir de «cargos asesores y de toda una serie de gastos inadecuados como las políticas de publicidad, las inauguraciones o infraestructuras no necesarias», precisó.