El nuevo administrador judicial de Grupo Playa Sol, Javier Perelló, se reunió ayer con el conseller de Política Empresarial i Activitats, Joan Serra Mayans, a quien le transmitió su compromiso de utilizar sólo aquellas plazas turísticas que sean legales.
«Si conseguimos normalizar la situación sería una buena noticia; desde la institución valoramos de forma positiva el compromiso que tiene este grupo con plazas turísticas que estaban un poco al margen de la legalidad», apuntó el conseller una vez finalizada la reunión.
Asimismo, desde Grupo Playa Sol también se comprometieron a no hacer «publicidad engañosa» a sus clientes, según el conseller, y a legalizar todas las plazas que estén en una situación irregular. Para ello, los servicios jurídicos deberán trasladar al servicio jurídico de la cadena hotelera la situación de cada uno de los establecimientos y las infracciones existentes sobre diferentes inmuebles. «Habrá cosas que se podrán legalizar y otras que no. Si se puede arreglar, que lo hagan, y si no, se deberá cerrar», apuntó Serra Mayans, que desconocía el número de plazas que no podrán ser legalizadas.
Según la información proporcionada por el Consell Insular y publicada por este periódico hace una semana, Grupo Playa Sol cuenta con 2.126 plazas turísticas que no se encuentran inscritas en el Registro de Turismo y un montante en sanciones que supera los 615.000 euros. Por ello, GPS intentará normalizar la situación de todos los hoteles gracias a la modificación del decreto ley 1/2009, conocido como el 'Decreto Nadal', y que aún no ha sido aprobado en el Parlament.
Además, y según comentó el conseller Joan Serra Mayans, Grupo Playa Sol destina dos establecimientos de la cadena, en concreto dos hostales ubicados en el municipio de Sant Antoni, a ubicar a los trabajadores y poderles ofrecer un alojamiento digno. Hay que resaltar que, tal y como comentó Javier Perelló, se han regularizado hasta 300 trabajadores, algunos de ellos sin contrato. Asimismo, y durante la gerencia de Fernando Ferré, algunos de los trabajadores extranjeros se alojaban en zulos construidos en los sótanos de establecimientos hoteleros de la empresa.
Rebajan la fianza de responsabilidad civil de Ferré de 80 a 30 millones de euros
El abogado del empresario Fernando Ferré, Gabriel Garcías, anunció que el juez ha rebajado la fianza, establecida en un principio en 80 millones de euros, a 30 millones. De esta manera, el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa iniciará los trámites para analizar las propiedades del empresario y embargar hasta llegar a los 30 millones. Garcías indicó que, en cuanto al recurso interpuesto por la condena a prisión, que aún no ha sido contestado. El abogado insiste en que no existe riesgo de fuga de Fernando Ferré.
El nuevo administrador judicial, Javier Perelló, se mostró el jueves esperanzado ante la posibilidad de que no se embarguen bienes que puedan afectar a la operatividad de la empresa, es decir, a hoteles, y que se haga sobre propiedades del empresario.