El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer la propuesta de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el decreto ley referido a los usos de sa Coma. «Es una fórmula preventiva porque se están vulnerando gravemente las competencias locales», indicó la concejala de Urbanismo, Josefa Costa. Y es que según explicó, se trata de una forma de defender la autonomía municipal en el caso de que no se acepten las alegaciones presentadas ante el texto que hace referencia al futuro de sa Coma. «No se trata de colores políticos sino de defender las competencias municipales», insistió la responsable de Urbanismo.
El Consistorio considera que no se está en contra de los usos que se le den a sa Coma pero reclaman que se respete «el PTI, el planeamiento urbanístico del municipio y la modificación del ANEI», indicó Costa.
La portavoz de la oposición, Laura Carrascosa, calificó la gestión del Consell d'Eivissa de «fantástica» y recriminó que la actitud del Ayuntamiento de Sant Antoni siempre ha sido poner «trabas a las ruedas». Asimismo, Carrascosa apuntó que plantear un recurso delante del Constitucional «por si acaso es demasiado grave», indicó.
La coalición PSOE-ExC, que se abstuvo en la votación, apuntó que no se puede criticar el plan de usos si aún no está aprobado «y encima gastando recursos públicos, por si acaso».
Carrascosa cuestionó las intenciones del alcalde de Sant Antoni, José Sala, quien le contestó que en ningún momento «se ha pensado en las consecuencias posteriores». «Lo que queremos es que se trate este territorio como al resto, las cosas deben hacerse bien», apostilló. Además, el primer edil aclaró que, en ningún caso, se ha planteado en qué condiciones se les entregará este territorio y con qué obligaciones: «No sabemos si tendremos que llevar la luz, el agua, si se tiene que urbanizar, qué pasará con la actividad de ruidos, con las actividad urbanística, el arreglo de caminos. ¿Cómo y cuándo recibirá el Ayuntamiento todo esto?», cuestionó Sala.
300.000 eruos en ahorro
Por otro lado, la sesión plenaria también aprobó ayer las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público con el recorte de los salarios, tanto de los empleados públicos como de los responsables políticos. El equipo de gobierno señaló que, a pesar de aprobar estas reducciones «por imperativo legal, queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo», señaló el concejal Joan Pantaleoni.
En esta línea, y siguiendo el real decreto 8/2010, el personal funcionario experimentará una reducción de su salario en un 5 por ciento, al igual que los laborales, a excepción de aquellos que no cobren más de 950 euros.
Además, el sueldo del primer edil también se reducirá en un 7 por ciento, mientras que el resto de miembros de la corporación verán sus salarios reducidos en un 5 por ciento.
Con esta medida, el Ayuntamiento de Sant Antoni prevé ahorrar durante el presente ejercicio hasta 171.400 euros mientras que para el año que viene el ahorro será de unos 300.000 euros, según indicó Pantaleoni.
El integrante de la oposición, Julián Calderón, apuntó que, a pesar de no ser plato de buen gusto bajar los sueldos, recalcó que si «las bajadas son proporcionales, la oposición cobra la mitad que el equipo de gobierno y nos reducen lo mismo».
Aprobadas facturas antiguas por valor de más de 228.000 euros
La sesión plenaria aprobó ayer, con los votos en contra de la oposición, un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda para abonar facturas por valor de más de 228.000 euros. Algunas de estas datan de 2006. Y este fue uno de los puntos criticados por la oposición ya que, según apuntaron, «no cabe en la cabeza de nadie que se paguen facturas cuatro años después y, en muchos casos, sólo está la fotocopia pero no el original de la factura». En este sentido, desde el PSOE-ExC criticaron que muchas de estas facturas hacen referencia al «autobombo y a la propaganda». El alcalde José Sala, por su parte, recriminó la actitud de la oposición al indicar que siempre «repiten lo mismo, cuando esta fórmula está avalada por la justicia».