El GEN y el GOB anunciaron ayer que están elaborando un escrito en el que demanda al Defensor del Pueblo que impugne las leyes urbanísticas aprobadas en el Parlament, al considerar que incumplen preceptos básicos de la Constitución.
Así lo han informado en rueda de prensa los portavoces de esta entidad ecologista, Margalida Ramis, y Miquel Àngel Marc, después de que la Cámara balear aprobara este martes la Ley de Declaración de Interés Autonómico que permite la construcción del campo de golf de Son Bosc, en Muro, así como al Proyecto de Ley de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general, como es la lay sa Coma y la urbanización de suelos en Platja den Bossa, Cala tarida y ses Variades.
En opinión del GOB, el Govern está utilizando «un modus operandi» de «urbanismo a la carta» con el que, a través de disposiciones parlamentarias, intenta «burlar» la normativa urbanística establecida para asuntos concretos. Ramis ha asegurado a los medios que la intención del GOB es que el Defensor del Pueblo presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impugnar estas normativas urbanísticas.
Marc ha estimado que el escrito se registrará, previsiblemente, a finales de julio o principios de agosto y que para finales de este año ya podrían tener una contestación del Defensor del Pueblo.
«Calumnias» sobre el alcalde José Sala
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni avisó ayer al grupo de la oposición, formado por la coalición PSOE-ExC, de que se reserva el «derecho de emprender todas las acciones civiles y penales contra quien calumnie de forma impune a José Sala», alcalde del municipio.
El Ayuntamiento contesta así a unas declaraciones efectuadas este miércoles por la oposición, en las que aseguraron que Sala pretende impulsar el convenio urbanístico aprobado por el Pleno de la institución en marzo de 2005 para construir en ses Variades.
Así, Carrascosa recordó al primer edil de Sant Antoni que en un auto judicial se le advirtió de que si incorporaba este convenio al planeamiento municipal podría incurrir «en prevaricación». Por esta razón, desde el equipo de Gobierno municipal han precisado que está todavía pendiente de resolución la petición de archivo de las diligencias judiciales contra Sala.