El presidente de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Balears ligada a la Pimeef, Elías Escandell, se mostró ayer «preocupado» ante el nuevo articulado que se incluye en la ley de sa Coma referido a las actividades de las empresas de alquiler de vehículos, que prohibe la utilización de «calles y espacios públicos para el aparcamiento de estos coches mientras no estén alquilados por sus clientes».
En el mismo apartado, el articulo 3bis también prohibe la realización en las calles y espacios públicos de tareas de mantenimiento de los coches: «Los titulares de las actividades de alquiler de coches deben disponer de espacios debidamente habilitados que cuenten con todos los permisos exigibles para el aparcamiento y mantenimiento de su flota», señala la normativa.
Esto hará, según Escandell, que muchas empresas «tengan que ampliar sus gastos para encontrar garajes». «La medida llega en un momento difícil y Eivissa es un lugar que tiene muy poco suelo industrial y en las zonas turísticas, éste es inexistente», señaló el presidente de los asociados, que considera que esto dificultará encontrar nuevas ubicaciones para estacionar los vehículos.
Sin afán recaudatorio
Asimismo, Escandell confió en que la aplicación de esta medida no tenga un afán «recaudatorio» ya que explicó que en la actividad diaria «hay un tiempo de maniobra en el que los clientes dejan los coches para luego limpiarlos, por lo que hay un tiempo en el que se tiene que utilizar la vía pública, espero que no exista una voluntad persecutoria». En el mismo articulado se establece que las empresas que ya estén en funcionamiento cuando la normativa entre en vigor podrán «conveniar con los ayuntamientos la utilización de las calles y espacios públicos para aparcar vehículos que no estén alquilados siempre que esta excepción no permita el estacionamiento de más de tres coches».
La ley establece que se considerará una infracción leve tener aparcados en la vía pública entre 1 y 3 coches y se aplicará una multa de entre mil y tres mil euros. Una infracción grave, que es tener estacionados hasta diez coches, conllevará una multa de entre 3.001 y 10.000 euros y, por último, la sanción muy grave impondrá multas de hasta 30.000 euros por tener aparcados más de diez vehículos en vía pública. Escandell dudó ayer de cómo conocerán los agentes de policía si un vehículo está estacionado o si permanece en ese lugar porque no está alquilado. «Esperamos que exista un tiempo de adaptación, todo dependerá de las instrucciones que reciban los diferentes órganos policiales» de los responsables de incoar y resolver los expedientes sancionadores que, según la ley, corresponde a los alcaldes.
Escandell consideró que antes de impulsar estas medidas, «los políticos deberían sondear un poco al sector afectado porque a día de hoy no hay ningún colectivo que esté para tirar cohetes».
La normativa definitiva no afecta a Formentera por excluir las motocicletas
El artículo 3bis de la ley aprobada por el Parlament balear a instancias de PP y UM ha sido utilizado como arma arrojadiza entre PP, PSOE y el propio diputado autonómico de Formentera, Pep Mayans a pesar de que no afecta prácticamente a los 'rent a car' de Formentera. Y es que el redactado inicial de UM hablaba de alquiler de vehículos lo cual incluía además de automóviles, a lo que se ha ceñido la versión definitiva, a las motocicletas. Y ese es el verdadero problema de la isla, aparte de la invasión de vehículos de alquiler en la Savina, en es Pujols es imposible aparcar porque los alquileres de motos tienen copadas las calles.
En este mismo aspecto se pronunciaba el propio presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, al señalar dos aspectos cruciales que «la mayoría de los coches de alquiler de la isla se concentran en el puerto de la Savina, que es de exclusiva competencia de la Autoritat Portuària o en naves situadas en el polígono industrial situado entre Sant Francesc y la Savina». Alcaraz reconoció que en determinados núcleos turísticos «hay un exceso de motocicletas de alquiler estacionadas en la vía pública, pero lo cierto es que no hay alternativas». Alcaraz confió en que en el futuro se llegue a un acuerdo para solventar este problema.