El futuro del Grupo Playa Sol ha desencadenado una serie de acusaciones cruzadas que no se han hecho esperar. Mientras que el administrador judicial, Javier Perelló, remitía ayer un escrito a los medios asegurando que sólo cuatro establecimientos hoteleros «requieren una modificación y reforma para adaptarse a la normativa vigente», fuentes del sector mantienen que son una docena los que incumplen con la normativa turística.
Perelló señaló que los establecimientos que deben someterse a estas obras son Es Caló Playa, Hotel Catalina, Club Marítim y el Tívoli. «Son todas ellas obras sencillas que realizaremos este invierno con las preceptivas autorizaciones, por tanto está previsto que abran todos ellos para el 2011. Todo el resto de expedientes son sanciones administrativas que se solucionarán durante el invierno presentando la documentación de los técnicos para ello y todos abrirán para el 2011», insiste la nota.
Las obras a ejecutar
Aún así, preguntado por este periódico Perelló indicó que mientras en los hoteles antes mencionados se deben realizar obras para volver al estado original, «que no es complicado», otros tiene problemáticas menores. Así relató que en el Tivoli y Es Caló Playa, a pesar de no existir un aumento de la edificación, existen cambios estructurales internos. En el Marítim y el Catalina, por contra, sí existe un incremento de la edificación que, según Perelló lo hicieron los anteriores propietarios, y se trata de volver al estado original de unidades: «Si no se pueden legalizar habrá que tirarlas o separarlas».
Cuestionado por otros hoteles, Perelló explicó que en el Mare Nostrum existe una orden de cierre por infracción urbanística por un gimnasio ilegal, en el Panoramic hay que cambiar las puertas de las cocinas, mientras que en S'Estanyol se debe eliminar una pasarela que lo une al Hotel San Remo y hacer el restaurante más pequeño: «No son reformas estructurales, son obras menores». Por último, en los Apartamentos Atzaró, también precintados, Perelló señaló que hay que legalizar seis habitaciones, tapiarlas o «volverlas a su estado original, que era un salón». Aún así, el administrador judicial aseguró que este hotel ya se encontraba así cuando se alquiló por parte de Fernando Ferré.
Desde la Federación Hotelera apuntaron que están dispuestos a contratar un bufete de abogados con el fin de que se cumplan todos los requisitos normativos «y, si es necesario, se llevará al ámbito penal». Asimismo, reclamaron que los establecimientos que no cuenten con las autorizaciones correspondientes paralicen de forma «inmediata» la venta ilegal para evitar que se lleven a cabo «prácticas ilegales en su explotación».
«Se interpondrá una querella contra la Federación por calumnias e injurias»
En la nota remitida por el administrador judicial se acusa a la Federación Hotelera de «coaccionar» a los touroperadores para que no contraten los establecimientos GPS. «Puedo adelantar que Grupo Playa Sol interpondrá una querella contra los firmantes de esta misiva por calumnias, injurias y falsedades, que conllevará la solicitud de una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios, por poner en peligro la viabilidad del grupo y las posibilidades de este de poder cumplir las obligaciones con los trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria». Además, Perelló califica de «triste» e «irresponsable» la actitud de la Federación, «que sólo les interesa la caída del grupo para poder optar a quedarse establecimientos estratégicos a precio de saldo». El administrado judicial insta a los touroperadores y agencias a que hagan «caso omiso» a la misiva en la que se puede leer lo siguiente: «El denominado GPS es una oferta de alojamiento existente en Eivissa, a cuyo frente estaba un delincuente confeso, Fernando Ferré Cardó, por un delito de contratación irregular de trabajadores [...] Según nuestra información, que ponemos a su disposición, diversos establecimientos explotados por GPS no cumplen la legadidad vigente, por tanto no son aptos para su venta al público [...]» La carta finaliza ofreciendo la dirección del Consell d'Eivissa para que se comprueben los hechos.