El Consell tardó más de un mes en notificar al Grupo Playa Sol (GPS) la resolución en la que ordenaba el cierre de los Apartamentos Atzaró, ahora precintados. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 17 de agosto el conseller de Política Empresarial, Joan Serra Mayans, emitió un escrito en el que interponía a GPS una multa de 66.000 euros y en el que ordenaba el cierre inmediato del establecimiento en un plazo de cinco días. En el documento se aseguraba que si la empresa no lo cerraba voluntariamente el Consell lo precintaría, si era necesario con ayuda de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, este acuerdo no llegó a manos de Javier Perelló, administrador judicial de GPS, hasta el 23 de septiembre, cuando ya había transcurrido buena parte de la temporada. Fue entonces cuando el grupo empresarial presentó un recurso de alzada que fue rechazado por el Consell, quien finalmente precintó Atzaró el 1 de octubre. Fuentes del Consell indicaron ayer que algunas notificaciones tardan más que otras, porque también depende del trabajo que haya. Ésta, en concreto, salió el mismo 23 de la institución y fue recibida por Perelló ese mismo día.
Se inició en junio
El procedimiento se inició en junio de 2010, cuando el Consell recibió una denuncia de la Federación Hotelera acompañada de un documento notarial en la que les alertaba de que el grupo de Ferré estaba comercializando numerosos establecimientos que no contaban con la preceptiva autorización y sobre los que pesaban órdenes de cierre.
A raíz de ello, el Consell inspeccionó el establecimiento el 13 de julio. Comprobó que estaba abierto, que tenía 16 habitaciones ocupadas y que contaba con recepción centralizada en el complejo Hotel Club La Noria Playa Grande Atzaró. Entonces la sociedad propietaria era Mi-Kol-Suc SL, con sede en Barcelona. Una semana después el conseller Serra Mayans inició la preparación de la ejecución forzosa del cierre, que se había aprobado en un pleno en mayo de 2009 por infracción muy grave de varias leyes turísticas.
En virtud de ello, el Consell instó a GPS el 28 de julio a que cesara voluntariamente la actividad. Se les avisó de que dos semanas después, el 12 de agosto, se les haría una inspección y si no habían cerrado, se les impondría una sanción de 6.000 euros diaria. El 12 de agosto se comprobó que había 14 habitaciones ocupadas. En ese momento la sociedad que gestionaba los apartamentos era otra, Estur-Saly SL, un cambio hecho por la central de GPS en julio.
Paralelamente, la dirección de Grupo Playa Sol presentó un escrito ante el Consell en el que solicitó que no se precintaran los hoteles con orden de cierre hasta final de temporada (San Remo, Mare Nostrum, Catalina, s'Estanyol, Central Playa, Tropical Garden Panoramic y Atzaró) porque de lo contrario «dañaría la imagen turística» y pondría en peligro la continuidad de GPS porque tendrían que afrontar cancelaciones de reservas e indemnizaciones, además de que no podrían sacar rendimiento en plena temporada. También recordaron que 200 trabajadores se podían quedar en la calle en agosto. El Consell desestimó estas alegaciones por considerar que el interés general primaba sobre el particular y ordenó el 17 de agosto que se cerraran los apartamentos en el plazo de cinco días.
GPS reconvirtió el despacho del director y el almacén en cuatro estudios y tres habitaciones
GPS estaba explotando siete unidades de alojamiento más de las autorizadas en los Apartamentos Atzaró. En concreto, se eliminaron el almacén, una lencería y los vestuarios de personal para convertirlos en cuatro estudios. También se destruyó el despacho del director y su vivienda para reconvertirlos en tres apartamentos. Todos ellos estaban ocupados por clientes cuando se produjo una inspección del Consell.
En la documentación del Consell se indica que el Atzaró contaba con autorización para apartamentos de 4 estrellas con 21 habitaciones dobles y 42 plazas. Asimismo, se asegura que existe un gran complejo formado por el hotel club La Noria (que tiene 208 plazas en vez de las 84 que debería tener), el Playa Grande (con 162 cuando debería tener 92) y el Atzaró, con 56 plazas cuando debería haber 42. Tampoco cumplían la ley en cuanto a la titularidad del establecimiento.
Finalmente, el Atzaró acabó precintado el 1 de octubre. Tres días después el Consell comprobó que el establicmiento había cerrado definitivamente y no tenía clientes en su interior.