El diputado por Formentera de AIPF (Agrupación Independiente Popular de Formentera) en el Parlament, Josep Mayans, solicitará al Ministerio de Cultura que inste a la Unesco a modificar el actual nombre de la declaración «Eivissa, Patrimonio de la Humanidad» por el de «Eivissa y Formentera, Patrimonio de la Humanidad».
Mayans considera que la inclusión de Formentera en la declaración debe ser una «oportunidad histórica para que la isla se promocione internacionalmente, con todos los beneficios que ello conlleva».
El diputado formenterense ha defendido la Proposición no de Ley sobre el Consorcio «Eivissa Patrimonio de la Humanidad», presentada a principios de año para su debate y votación en la Comisión de Asuntos Institucionales.
En la proposición, el diputado solicitaba la inclusión del Consell de Formentera en el consorcio, de acuerdo con el artículo 6.3 de su Estatuto, y recoge los mismos argumentos que esgrimió el pleno de Formentera a finales de 2005 cuando aprobó una moción por unanimidad en el mismo sentido.
Mayans ha remarcado que la petición ha sido desatendida por la Junta Rectora del consorcio, por lo que todas las peticiones oficiales que se hagan «deben servir para hacer cambiar su postura y que se acepte la justa petición de todos los grupos políticos de Formentera».
La Proposición no de Ley ha sido aprobada con los votos a favor del propio diputado por Formentera, del Partido Popular y de Unió Mallorquina y con los votos en contra del PSOE y del BLOC.
El diputado ha expuesto en el debate que la gran mayoría de elementos naturales que forman parte de la declaración de Patrimonio de la Humanidad se encuentran en Formentera. Así se argumentaba y defendía en 1999, en el informe enviado a la Unesco para defender la declaración de Eivissa. Por ello, Mayans ha resaltado que «es del todo lógico que el principal órgano de gobierno de la isla, el Consell, forme parte de la Junta Rectora del consorcio».
En el debate se ha mencionado, además, que en esta legislatura el Gobierno central ha entrado a formar parte del consorcio sin que haya hecho aportación económica, contrariamente a lo que estipulan los estatutos.