El Govern quiere tener la última palabra en los aeropuertos de las Islas. No plantea otra forma de gestión que la pública y, aunque aceptaría la participación privada, discrepa de la privatización de Aena si las comunidades se quedan fuera. El Govern, hará incluso, causa común con Canarias. Eso es lo que supone, en líneas generales, el informe que el conseller de Mobilitat, Biel Vicens, presentó en la reunión del Ejecutivo y que, ahora, será remitido al Ministerio de Fomento.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Vicens dejó claro que «el modelo balear no es el de privatización de la gestión aeroportuaria», sino el de la creación de una sociedad filial pública por cada aeropuerto que, en su opinión, sería compatible con el cambio de sistema que promueve Fomento.
Capital privado
El modelo que propone el Govern reclama que la titularidad siga siendo pública como garantía de calidad en el transporte; que se descentralice e individualice la gestión; que participen en ella las instituciones autonómica, insular y local; que las decisiones estratégicas tengan que adoptarse por mayoría cualificada y se cree un sistema tarifario propio.
Dijo que esa fórmula permitiría atender a cuestiones que son de especial interés para Balears, como los vuelos entre Islas, las declaraciones de servicio público e incluso la cuestión de los descuentos en los viajes, que ya vienen garantizadas por ley.
Sobre la titularidad pública, Vicens dijo que el Govern la considera «una garantía del transporte aéreo como servicio público que anteponga la calidad a la rentabilidad económica». La individualización del sistema permitiría además «desarrollar estrategias propias adecuadas a las necesidades de cada realidad insular».
El eje del sistema que propone el Govern se basa en la creación de una sociedad individual de gestión o filial con representación del Gobierno central, la sociedad que sustituya a Aena y las instituciones insulares. Además, aboga por una sociedad individual de cada aeropuerto con presencia del Govern, el respectivo Consell, el Ajuntament y las Cámaras de Comercio.
El Govern plantea que la capacidad de decisión en estos órganos de gestión fuera máxima para las instituciones de Balears y que las decisiones estratégicas requiriesen mayorías cualificadas» para cuestiones como los planes de gestión o concursos y adjudicación de contratos claves.
Según Vicens, su plan no es del todo incompatible con la propuesta del Gobierno central.