El conseller de Turismo y Movilidad del Consell de Formentera, Josep Mayans, se ha reunido este miércoles con los responsables de las compañías navieras que operan entre Eivissa y la pitiusa menor para llegar a un acuerdo en la elaboración del decreto regulador que determinará la Ley del Transporte Marítimo de Baleares.
Desde la administración formenterense han adelantado que su voluntad es alcanzar un acuerdo con estas empresas para «garantizar» su «permanencia y rentabilidad», así como «los derechos de los pasajeros».
Para el Consell, la entrada en vigor de esta ley, que se hará efectiva este jueves, «significará un cambio sustancial en la calidad del servicio, ya que la línea Formentera-Eivissa-Formentera pasará a ser declarada de interés estratégico».
Este hecho supone la entrada de la administración local en el proceso de elaboración del decreto regulador.
Así, esta nueva disposición garantizará la libre prestación de servicios excepto a las líneas que pasan a estar en régimen de autorización previa, como es el caso de la línea Formentera-Eivissa, en la que se establecen unas obligaciones de servicio público.
En este caso, las navieras han de asumir unas condiciones que garanticen un servicio de calidad que, según han recordado desde el Consell de Formentera, «no asumirían si tuvieran que atenerse solo a criterios comerciales».
De esta forma, la reunión mantenida este miércoles por Mayans y los responsables de las navieras ha tratado aspectos que se incluirán en el decreto regulador, que deberá estar listo en un plazo de seis meses.
Entre las cuestiones abordadas en la reunión se encuentran la continuidad del servicio, las frecuencias, la capacidad de los barcos y los precios de los trayectos.
Por ello, desde la máxima institución insular han remarcado que, si la libre prestación y el libre mercado de forma individual o colectiva no cumple todas las condiciones requeridas, el Consell de Formentera, como administración competente, podrá hacer un contrato de servicio público en el que la empresa adjudicataria quedaría como única compañía que operaría entre las Pitiüses.
La ley, cuya aplicación dependerá del Govern, que es quien detenta las competencias en materia de transporte marítimo, exigirá por primera vez a las navieras que sus barcos estén adaptados para las personas con movilidad reducida.
Esta disposición también obliga a las compañías a que proporcionen alojamiento y comida en función de las situaciones de retraso del servicio.
Además, las navieras se han de comprometer a cumplir una serie de requisitos, como el de operar todo el año o contar con un aval.
Las compañías, asimismo, podrán recibir sanciones de carácter leve, grave o muy grave, con sanciones económicas que podrán alcanzar los 200.000 euros, si no garantizan los derechos de los usuarios.
En el caso de que concurran dos o más infracciones graves o muy graves, la administración pública podrá cesar o suspender la actividad.