La operación Cloaca, en la que el Juzgado de Instrucción 9 de Palma investiga, bajo secreto, desfases millonarios en las facturas por la recogida de residuos sólidos y urbanos en Mallorca, empezó ayer con la detención de cinco personas y varios registros realizados por comisiones judiciales en el departamento de Medi Ambient del Consell de Mallorca, y empresas concesionarias de la recogida de basuras en Palma, Inca y Manacor y Santa Margalida, entre ellas, Melchor Mascaró (en Palma y Manacor), FCC y Limpiezas Urbanas de Mallorca.
Los detenidos B.P, M.M., E.F., S.G. y M.M. prestaban declaración en la sede de la Jefatura Superior de Policía al cierre de esta edición. Están imputados por los delitos de malversación, falsedad y cohecho.
Los responsables de los interrogatorios iban a decidir, a tenor del contenido de las declaraciones, si los detenidos dormían en los calabozos o quedaban en libertad con cargos. La cuantía de lo presuntamente defraudado a través de la sobrefacturación de la recogida selectiva de residuos podría superar el millón de euros.
Facturas
Los emisores de esas facturas son las empresas que integran las dos UTES que en 2001 se adjudicaron el contrato de recogida selectivas de basuras en toda Mallorca, con la excepción de Palma y Calvià. Quién pagó esas facturas y adjudicó el concurso fue el área de Medi Ambient del Consell, que en esos años estaba en manos del ex conseller Miquel Àngel Borràs. Su sucesor, Miquel Riera, ya fallecido, fue el que modificó el contrato ante las protestas de los adjudicatarios.
Las empresas recogían cartón, envases y vidrios en los municipios y transportaban el material reciclable con camiones a Tirme, para desarrollar la recogida y tratamiento selectivo de los escombros. A partir de 2005, sin embargo, algunos municipios decidieron realizar ellos mismos la recogida selectiva, práctica que fue calificada de competencia desleal por las empresas concesionarias, que vieron disminuidos sus ingresos de manera importante. Para paliar esa merma de ingresos, las empresas investigadas habrían facturado más residuos de los que realmente recogían.
Una auditoría del Consell detectó las irregularidades
El conseller de Presidència del Consell, Cosme Bonet, reveló que el caso llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos del Consell encargaran una auditoría «al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medi Ambient que podía superar el millón de euros». Las presuntas «irregularidades» se detectaron durante una inspección ordinaria realizada, situación que se puso en conocimiento de los servicios jurídicos de la Institución que fueron los que recomendaron poner en conocimiento los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.