«Nunca he hablado con ningún miembro de ninguna comisión técnica para influir sobre la puntuación», ha afirmado hoy al juez del «caso Mar Blau» el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) Joan Verger en relación a los concursos de amarres que la empresa Trapsa Yates ganó en Maó y Eivissa.
Verger, que fue presidente de la APB con la pasada legislatura del PP, ha declarado hoy ante el juez instructor de este caso, Antoni Rotger, que investiga supuestos amaños en la concesión de amarres en los citados puertos a la empresa propiedad del presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, imputado en la causa.
Además de Verger, hoy también han comparecido, todos en calidad de imputados, el actual director de la Autoridad Portuaria de las islas Angel de Matías y el empresario Manuel Nadal de Uhler.
Uno de los aspectos sobre el que gira el caso son las negociaciones entre Trapsa Yates y el Club Marítimo de Mahón para que la primera se retirara del concurso de los amarres del muelle de Levante de Maó, sacado por la APB en 2005 con la empresa de Díaz Ferran como favorita.
Estas negociaciones acabaron, sospechan las acusaciones, en un contrato de asesoría jurídica entre una empresa matriz de Trapsa y el club por el que, en teoría, la primera prestaba asesoría jurídica al segundo.
Sin embargo, las acusaciones sostienen que esta asesoría nunca se hizo y que la verdadera finalidad del contrato era que Trapsa se retirase del concurso de los amarres de Maó publicado en 2005 a cambio de que el club, situado en segunda posición para la adjudicación, le cediera tres amarres de gran eslora por quince años y le pagara 13.000 euros.
Verger ha afirmado que se enteró por la prensa de la existencia de este contrato, que finalmente no se llevó a cabo porque Trapsa se negó a retirarse del concurso, que ganó en 2008.
Ha reconocido, en cambio, que, en vista de las muchas presiones políticas, mediáticas y sociales para que el concurso se adjudicara al club, pidió a Trapsa que se retirara del concurso «a cambio de nada», al tiempo que le comunicó que su renuncia «no tendría ninguna influencia ni ventaja para Trapsa en futuros concursos».
Según Verger, con esta maniobra solo quería «solucionar el problema político» creado en torno al concurso, por lo que ha insistido en que no pretendía sacar «ningún provecho personal», ni suyo ni de nadie que conociera.
El empresario y oficial de la Armada Nadal de Uhler ha afirmado que Verger le encomendó hablar con Trapsa y el club para que la empresa de Díaz Ferrán se retirara del concurso y que organizó una comida entre ambos con esta finalidad.
En ella, ha explicado que se habló de unos 13.000 o 14.000 euros como compensación por su renuncia y de «dos o tres amarres» que podrían estar valorados en medio millón de euros cada uno, precisamente lo que después se plasmó en el contrato de asesoría jurídica.
Sin embargo, Nadal ha indicado que supo del contrato tiempo después de la comida y, preguntado acerca de si no le parecía extraño «ese mercadeo en un concurso público», ha contestado que «quizás sí».
El actual director de la Autoridad Portuaria, Angel de Matías, ha sido inquirido por otro concurso de amarres en Ibiza adjudicado a la unión de empresas Semar-Trapsa y ha negado supuestas irregularidades en esta decisión de la comisión técnica que lo otorgó.
Ha defendido el trabajo de las personas de esta comisión, ya que ha dicho que tienen «mucha experiencia de muchos años de trabajo» y que «cuando se reúnen es para hacer bien su trabajo».