El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, asegura «que el nivel de denuncias en este municipio, entre las propias discotecas, es impresionante». «Solamente atendiendo a las denuncias de las discotecas y de algunos vecinos que también se quejan, ya tenemos muy cubierto el cupo de las inspecciones. No podemos acudir de oficio a todos los establecimientos, por desgracia», agrega.
Así se manifiesta Agustinet sobre las actuaciones que se realizan desde el Consistorio en materia de legalidad entorno a los establecimientos de ocio y entretenimiento de Sant Josep. Un municipio cuyo «problema», manifiesta, radica en que «es extenso, complejo y dinámico en las actividades», y que durante esta época se mueve a golpe de denuncias, cuya estadística es incalculable, por el momento, en el registro de entrada municipal.
Así lo señalaron desde el Consistorio, cuya portavoz indicó que, si bien aún no pueden hacer una estadística sobre la cifra de quejas recibidas, es una situación que se repite todos los veranos. La diferencia radica en que esta vez ha saltado a la luz pública por una decisión casi sin precedentes que adoptó el pleno municipal, como fue aplazar durante dos meses los expedientes de clausura y precinto de todos los locales hasta que termine el verano con el objetivo de evitar perjuicios económicos al municipio.
Contra el alcalde
En este sentido, cabe recordar que esta semana, los grupos de la oposición de Sant Josep, PP y Nova-A, que juntos tienen mayoría en el Consistorio, aprobaron la paralización de los precintos que pesan sobre al menos cinco establecimientos del municipio, como son el hotel Ushuaïa, parte de la terraza del Space (ambos con expedientes por no tener licencia de actividad), así como Km5, la discoteca DC-10 o el Blue Marlin de Cala Jondal.
Asimismo, cabe destacar que a las denuncias que se interponen entre los establecimientos, se suma las de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Balears.
Esta agrupación también se querelló este año contra el propio alcalde de Sant Josep acusándole de un presunto delito de «prevaricación administrativa» por tener una «actitud totalmente pasiva» ante una «notoria situación de ilegalidad» de la discoteca DC10 «desde el año 2004».
Al respecto, Agustinet se defendió recordando que no fue alcalde hasta 2007 y que, desde entonces, el local fue clausurado durante un año y tiene una multa de 300.000 euros por incumplir de forma reiterada el aforo que tiene autorizado y por contaminación acústica.
También ocurrió en Sant Antoni
No solo Sant Josep debe actuar entre las denuncias cruzadas de las discotecas. Este invierno, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell d'Eivissa para reclamar todos los expedientes urbanísticos relacionados con la discoteca Amnesia, a raíz de unas diligencias informativas abiertas tras una denuncia por prevaricación presentada por el propietario de la discoteca Space, Pepe Roselló, contra el exalcalde, José Sala. Le acusa de no haber actuado ante la petición de revisión licencias urbanísticas de Amnesia, solicitada en tres ocasiones entre diciembre de 2009 y abril de 2010. Tras la inspección, Sant Antoni se comprometió a revisar los permisos.