El Consell d'Eivissa intentará evitar la construcción de un centenar de viviendas en Benirràs, tal y como planeaba el Ayuntamiento de Sant Joan, y ha pedido al Govern que intente bajar la edificabilidad. Así lo afirmó el conseller insular de Territori, Mariano Juan, que indicó que en principio se quieren evitar los planes iniciales del Consistorio, que quería levantar allí 40 chalets y 67 viviendas plurifamiliares (bloques).
Actualmente esta zona está protegida por la ley 4/2008 que aprobaron los progresistas, pero el Govern del PP está preparando un decreto para que se pueda volver a construir y así evitar las indemnizaciones que han pedido los propietarios por vía judicial.
Pese a que el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, hablaba hace unos días de recuperar estas más de cien viviendas en su totalidad, Juan no tiene la misma opinión e indicó que esto se modificará. «Estos planes son los que había en su momento antes de que se protegiera, pero no creo que quede así; lo que pretendemos es llegar a un acuerdo con el que no haya derecho a indemnizaciones y proteger lo que se pueda proteger, la intención es ver si se puede bajar la edificabilidad y dejarlo todo en unifamiliar, además de incrementar las parcelas», añadió el conseller, que aseguró que ya han comunicado al Govern que quieren rebajar la construcción. De todas formas, matizó que esto lo están mirando los abogados de la Comunitat Autònoma y no saben si se podrá cumplir. «Queremos proteger lo más posible, pero ellos tienen que mirar también hasta dónde se puede llegar», añadió.
Otra petición que han planteado desde el Consell es que los ayuntamientos, tanto en este caso como en el de Roca Llisa y Punta Pedrera, puedan hacer planes especiales para definir estos espacios, pero sin que tengan que asumir indemnización alguna.
En el caso de Roca Llisa, lo que había previsto antes de que los progresistas lo protegieran eran viviendas unifamiliares en parcelas de 1.500 o 2000 metros. «Aquí de lo que se trata es de hacer un plan especial para dejar alguna zona verde», indicó Juan, que confirmó que en este espacio se estaría hablando de quitar la protección íntegra, pero modificando también la edificabilidad para que sea menor.
«Se trata de ver si los propietarios tienen derecho a indemnización o no, porque algunos piden cosas a las que sabemos que no tienen derecho», aclaró el conseller, que indicó que está de acuerdo con el alcalde de Santa Eulària, que piensa que se podrá proteger menos de la mitad de lo que hay ahora. «Esa es la idea, pero no sabemos si se podrá hacer, es un tema complejo, no se puede hacer por capricho, pero queremos reducir a la mitad la edificabilidad inicial y luego elaborar un plan especial para reubicarlo, no se desclasifica, pero se reordena la zona y se cambian las posibilidades de construcción», añadió.
En cuanto a Punta Pedrera, la situación es la misma. En este caso hay una sentencia que avala la reducción de la edificabilidad que hizo en su día el Ayuntamiento progresista respecto a la inicial que había autorizado el propio Consistorio. Pero según el conseller, esto no tiene nada que ver con la protección que hizo luego la ley 4/2008, por lo que en este caso también hay riesgo de indemnizaciones. «Hay una urbanización hecha con saneamiento, luz y calles; eso se desclasificaba y se pasaba a ANEI», rememoró Juan, que cree que hay margen para reducir un poco la edificabilidad.
La protección de Cala d'Hort no se tocará
El conseller no ve necesidad de tocar la protección de Cala d'Hort que hicieron los progresistas también en la ley 4/2008. «De rústico común se pasó a ARIP y un trozo de ARIP se pasó a ANEI. Aparte de esto, que no afecta demasiado, esta zona está en Xarxa Natura 2000 y tiene diferentes protecciones», explicó Mariano Juan, que no cree que haya que tocar la ley en este aspecto porque no hay reclamaciones de indemnización.
El Consell confía en que el decreto que prepara el Govern y que desprotegerá todas estas zonas esté listo en el mes de enero. Recordó que corre prisa porque en Mallorca están a punto de salir sentencias. «Si fueran condenatorias hay peligro de que los propietarios prefirieran cobrar que construir», añadió. En el caso de Eivissa aún no hay sentencias a punto de salir, aunque alguna de Benirràs «también está adelantada».