El Consell d'Eivissa sigue apostando por la desprotección de Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera pese a que una sentencia obliga al Govern a pagar solo 258.000 euros de indemnización a la promotora del campo de golf de Cala d'Hort de los 12,4 millones que pedían por impedir la obra. Según explicó el conseller de Territori, Mariano Juan, en Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera las indemnizaciones que se pueden derivar pueden ser mucho mayores que en Cala d'Hort y por eso desde el Govern están preparando un decreto para evitarlo.
«Evidentemente si fueran las mismas cifras que en Cala d'Hort no importaría hacer el decreto, pero entendemos que en estos casos habrá que respetar los derechos adquiridos por los propietarios, las personas no se pueden pisar de cualquier manera», indicó Juan, que consideró los casos de Roca Llisa y Benirràs son «similares» entre ellos. «Ambas son urbanizaciones antiguas que fueron recepcionadas en unas fechas determinadas y hay que estudiar el aprovechamiento urbanístico que se puede contemplar en cada lugar, cada caso es diferente; sí que son todas urbanizaciones parcialmente edificadas, algunas con sentencias favorables como Benirràs, y son decisiones complejas», añadió el conseller, que matizó que hay que ver el grado de consolidación del plan parcial.
Cala d'Hort
Sobre la sentencia de Cala d'Hort, Juan indicó que «es justo» que no se pague a la empresa todo lo que pedía. «La valoro positivamente, los jueces hacen su trabajo», indicó el conseller, que cree que solo se les pagan los gastos que hicieron en el proyecto, pero no lo que podrían haber ganado con el negocio, el lucro cesante. Aseguró que conoció ayer por la prensa la sentencia y que, de todas formas, no tenían previsto cambiar la inedificabilidad de esta zona de Cala d'Hort. «Aquello está resuelto», remarcó Juan, que cree que el Govern recurrirá la sentencia para pagar lo menos posible. Desde el Ejecutivo autonómico no se quisieron ayer pronunciar sobre el fallo judicial.
Juan explicó también que no todas las sentencias que salen son como la de Cala d'Hort, ya que el Consell de Menorca tiene ahora una que le obliga a pagar 16 millones de indemnización, algo que consideró un «desastre» para una institución.
Por su parte, PSOE-Pacte consideró ayer probado que las supuestas indemnizaciones a los propietarios no deben ser «una excusa» para levantar la protección de espacios naturales como Benirràs y ses Feixes y para ello se basan en esta sentencia de Cala d'Hort. «En 1999 los gobiernos progresistas de Pilar Costa y Francesc Antich pararon el proyecto del golf y del complejo hotelero y de viviendas previsto», recordaron los progresistas, que indicaron que los jueces darán a los promotores solo el 2% de lo que pedían. Según el conseller Juanjo Cardona, queda claro que las posibles indemnizaciones «no son un argumento creíble sino una excusa para facilitar la especulación urbanística». Por eso pidió a Vicent Serra que «deje de engañar a la ciudadanía y hable con claridad».
Por su parte, el grupo ecologista GEN criticó a los que «argumentan indemnizaciones multimillonarias para justificar más aberraciones sobre el territorio». «Conservar Cala d'Hort no tiene precio. Además, cuesta poco y sería nada si nunca se hubiera dado licencia ni interés general», añadieron.
Juan consideró que no todos los casos son iguales y que quien lo dice hace «demagogia pura y dura».
«En ses Feixes ni el Consell ni el Govern deben pagar»
Todas las reclamaciones que han interpuesto los propietarios por la paralización cautelar que aprobó el Govern en ses Feixes han sido rechazadas y el conseller Mariano Juan destaca que en este caso está «claro» que «ni el Govern ni el Consell tienen responsabilidades». «Esto no nos preocupa, pusieron contenciosos a todos, pero realmente no hay responsabilidad porque fue una norma cautelar», remarcó el conseller.En el caso de Cala d'Hort, el TSJ ha rechazado la indemnización que pedía la promotora Calas del Mediterráneo de 12,4 millones. Desde el tribunal se recuerda que la empresa vivió un «largo proceso» en el que tuvo gastos e incluso obtuvo licencias.
La promotora consideró que había gastado 1,9 millones pro gastos inservibles, 4,8 por la disminución de valor de los terrenos y 5,6 por el lucro cesante.