El proyecto Eivissa Centre iba a suponer un gasto «cero» para el Ayuntamiento de Eivissa pero a día de hoy ha costado más de 18 millones de euros: 9,3 millones aportados por el Consistorio a través de la sociedad municipal Imvisa y otros 9 millones que se dejaron de obtener como beneficios.
Ésta es la principal conclusión de «la auditoría de cumplimiento» encargada por el gobierno popular de Vila para analizar la gestión de la empresa mixta Iniciatives i Transformacions Urbanes S.A. (Itusa), coparticipada por el Ayuntamiento en un 75% a través de Imvisa y en un 25% por la constructora Bruesa. Fue creada en 2004 bajo gobierno de Xico Tarrés para llevar a cabo la remodelación del centro de la ciudad con la construcción de los juzgados, un auditorio y del edificio Es Pla de Vila para trasladar a los vecinos de Santa Margarita pero hasta el momento «solo tenemos un edificio en el que estamos corrigiendo deficiencias», destacó la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui.
Jáuregui presentó ayer los resultados de la auditoría realizada por la consultoría madrileña Arnaudit S.L.P, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por todos los concejales del equipo de gobierno y los propios auditores.
La alcaldesa señaló que este documento demuestra que el consejo de administración de Itusa, formado entonces por dos representantes de Bruesa y por la exalcaldesa Lurdes Costa y los exconcejales Vicent Torres y Santiago Pizarro, incurrió en «dejación de funciones» así como «en actuaciones irregulares y negligentes», y «en todo momento antepuso los intereses privados de Bruesa con respecto al interés general» y le «favoreció de una manera descarada», aseguró Jáuregui. Por ello, «esta auditoría pasa inmediatamente a los servicios jurídicos para que determinen si existen responsabilidades de índole civil, administrativa o penal», anunció.
Nacimiento «dudoso»
La alcaldesa señaló que la sociedad Itusa «nace de una manera bastante dudosa» ya que la sociedad pública Imvisa celebra un concurso para buscar un socio privado pero «no se publicita en la proporción de lo que la operación suponía y solo dan 28 días para la presentación de ofertas». «Y miren por donde solo se presenta Bruesa S.A», señaló.
Según la auditoría, la primera actuación de Bruesa en la sociedad fue «un incumplimiento» permitido por el consejo de administración, ya que según el pliego de condiciones tenía que dejar un aval de 300.000 euros que «no aparece reflejado en ninguna de las cuentas». Asimismo, en el momento de crear el capital de la sociedad en 2004, Imvisa aporta el solar tasado en 2,4 millones de euros para construir el edificio Es Pla de Vila y le da «otra facilidad» permitiéndole que su parte proporcional, unos 2,3 millones, la diera un año después. «Bruesa crea una serie de empresas filiales, todas con actuaciones de Eivissa Centre, y una de ellas se convierte en asesora de Itusa y empieza a recibir 50.000 euros por mes. Cuando Bruesa deposita los últimos 700.000 euros del capital social, ya los había recibido íntegramente de Itusa, del dinero público», se quejó Jáuregui.
Asimismo, según la auditoría, Vila perdió dos millones de euros al aportar el solar de 5.000 m2 del edificio cuando «sabían» que se estaba haciendo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría duplicar su valor hasta los 4,4 millones ya que la edificabilidad se incrementaría hasta los 9.000 m2. Según el documento, estos 4,4 millones forman parte de los 9,3 millones que ha costado Eivissa Centre a Imvisa, es decir, al Ayuntamiento. El resto lo completa un préstamo de 1,5 millones de euros que pidió el Consistorio para pagar los dos años que estuvo paralizada la construcción del inmueble [cuando por tardar un año en entregar la obra solo se multó a Bruesa con 50.000 euros] y 3,4 millones de ampliación de capital que hizo Imvisa para quedarse con el 75% de Itusa.
Además, los nueve millones que dejaron de ingresar fue porque, por contrato, Bruesa tenía «la obligación» de quedarse las viviendas de Es Pla de Vila que no se vendieran, una operación cifrada en cinco millones de euros, así como estaba obligada por contrato a quedarse los solares de Santa Margarita si no había una oferta mejor, y por los que debían pagar 4,3 millones. En el caso de las viviendas, Itusa debía convocar un concurso público que no convocó y, en el segundo caso, exigir a Bruesa su participación en la licitación de los solares, pero no lo hizo. Ahora, según recordó Jáuregui, son más difíciles de vender y a un precio menor.
PSOE-Pacte: «Este informe no tiene ninguna validez porque es un documento político»
El grupo municipal PSOE-Pacte consideró «lamentable el mal uso de los fondos públicos hecho por el equipo de gobierno de Marienna Sánchez-Jáuregui al invertir más de 20.000 euros en una auditoría a Itusa cuando esta empresa ya estaba auditada cada año por profesionales locales de reconocido prestigio». «Sánchez-Jáuregui se ha tenido que ir a buscar una empresa a Las Rozas (después de haber encargado el informe de la contrata de aguas a otra empresa de Toledo) para garantizar que el estudio dijera lo que le interesa y, por lo tanto, este informe no tiene ninguna validez para el grupo municipal progresista porque se trata de un documento de cariz político y no técnico».
El grupo municipal está «a la espera de poder consultar el documento entero» aunque entiende «que esta auditoría reconoce que el problema actual de Itusa es que es urgente e imprescindible vender las propiedades que tiene la sociedad (solares, pisos y aparcamientos), tal y como ya explicó la oposición hace meses».
El apunte
La ampliació de capital
Un préstamo de «los ciudadanos»
La alcaldesa criticó que con los solares y las viviendas sin vender y con hipotecas, «Bruesa se sienta con el consejo de administración y les dice que está sin dinero y que necesita 3,4 millones». Por ello, se decide hacer una ampliación de capital. «Y cuando está todo formalizado Bruesa dice que no puede poner ni un duro y es Imvisa y los ciudadanos los que ponen los 3,4 millones de euros, y de dónde salen, de un préstamo», criticó la alcaldesa.
5,8 millones de deuda
Reclamaciones y amortización
La alcaldesa advirtió que además de los 18 millones, Vila tiene que hacer frente a 5,8 millones más de deuda en relación a capital pendiente de amortización y también para hacer frente a una deuda de Itusa con Bruesa de casi un millón de euros, que le reclama bajo la amenaza de embargar al Consistorio. Es uno de los 20 recursos judiciales que tiene Itusa.
El seguro, en Gibraltar
Los arreglos de Es Pla de Vila
La alcaldesa explicó también que se intentó contactar con la compañía de seguros de Bruesa para reclamarle los desperfectos del edificio a través de un aval de final de obra. «Lo hicieron a través de una compañía de seguros que está en Gibraltar y nos dijo que nos arreglemos como nos parezca bien», indicó.