El decreto urbanístico fue aplaudido ayer por el Consell d'Eivissa, defendido por el Govern y criticado por la oposición. El director general d'Ordenació Territorial del Govern, Joan Mesquida, resaltó que con él se impulsará el crecimiento económico y se desbloquearán los planes urbanísticos municipales que no se habían adaptado a los planes territoriales. «El decreto abre la puerta a la posibilidad de modificación del planeamiento urbanístico y se deja toda la responsabilidad en manos de los ayuntamientos», dijo Mesquida, que también destacó que se podrá volver a conceder interés general en suelo rústico en proyectos vinculados a la explotación agrícola o el turismo rural.
«Lo que proponemos es la recuperación de las urbanizaciones irregulares, no de nuevas urbanizaciones. El decreto no es agresivo con el paisaje», añadió el director general, que cree que «generará riqueza».
El diputado del PSIB Jaume Carbonero criticó que esto supondrá una «barra libre para el crecimiento territorial» porque exonera a los municipios de adaptar su plan a las normas de rango superior y permite a los ayuntamientos «hacer lo que quieran».
Carbonero señaló que queda «sin proteger el patrimonio en los municipios que no estén ya protegidos» y destacó que el «decretazo» tiene voluntad de «desregular» y «eliminar trabas» para que la «iniciativa privada» y «los intereses particulares tiren hacia adelante». Señaló que con el decreto se legalizan «infracciones urbanísticas» en suelo rústico y se crea «inseguridad jurídica» porque los ayuntamientos podrán urbanizar «a la carta». También criticó la práctica del Govern de legislar con el mecanismo de decreto ley que les parece «tremendamente desafortunada» porque es una fórmula prevista para «casos urgentes».
Vicent Serra
«Se cumple lo que prometió el PP en campaña»
g «Pendientes todavía de hacer una valoración jurídica desde el Consell, sí que se puede decir que es positivo y que se está cumpliendo poco a poco lo que había prometido el PP en campaña. Hasta ahora había una serie de problemas que se habían enquistado pero no se habían solucionado», explicó ayer el presidente, que aseguró que no se han podido introducir temas que interesaban a Eivissa como sa Coma, el pleno desarrollo del PTI, el golf o dejar construir en ANEI, algo que se hará vía enmienda durante la tramitación parlamentaria que se iniciará ahora. Esto se ha hecho así porque los servicios jurídicos lo han aconsejado, ya que «debe ser el Consell el que lo pida para dar seguridad al texto».
Joan Boned
«Se priorizan intereses que no son de protección territorial»
g El diputado consideró que el decreto es un «retroceso en materia territorial» y que se priorizan «intereses que no son los de la protección del paisaje». Criticó el hecho de que se supriman hasta ocho artículos de la ley 4/2008 de los progresistas, que cambian los conceptos de suelo urbano, cesiones de terreno y campos de golf. «Establecen unos usos en suelo rústico que no creo que sean una buena noticia», añadió Boned, que matiza que se da carta blanca para que edificaciones construidas ilegalmente se legalicen. También criticó que se da mucha libertad a los ayuntamientos, con lo que cada uno interpretará «según sus intereses» y se «creará más inseguridad jurídica». «La primera impresión no es buena», concluyó.
Antoni Alorda
Califican de «escándalo» el decreto porque permite «disparates»
gEl PSM-IV-Entesa calificó de «escándalo» el decreto porque «dar el visto bueno a urbanizaciones ilegales o permitir otras nuevas es un auténtico disparate». Según el diputado Antoni Alorda este decreto ley dejaría las puertas abiertas a la construcción de urbanizaciones como la de Cala Blanca en Mallorca. Señaló que este «decretazo» ha dejado de lado la opinión de los ayuntamientos, de los consells, de la sociedad civil y de la ciudadanía. Además, supondrá un «gasto extra» para los «maltrechos presupuestos municipales» de los diferentes ayuntamientos. También criticó que se haya «insinuado» la posibilidad de dejar urbanizar espacios «protegidos actualmente».
Joan Mesquida
«Elimina la obligatoriedad de cumplir con los planes territoriales»
g El director d'Ordenació Territorial del Govern destacó que el decreto «elimina la obligatoriedad de cumplir con los planes territoriales», con lo que se da «oxígeno» a los ayuntamientos. «La necesidad de la nueva normativa es la constatación del fracaso de la anterior. Habíamos llegado al colapso», dijo Mesquida, que no cree que ello suponga urbanismo a la carta. «En absoluto, este decreto no permite el urbanismo a la carta. Admito que habrá proyectos polémicos que quedarán afectados, pero no está pensado para ninguna situación concreta». El conseller Gabriel Company destacó que «no hay barra libre» y recordó que no se incluye la desprotección de Benirràs y Roca Llisa, aunque remarcó su «preocupación» por las indemnizaciones.