La auditoría encargada por el equipo de gobierno de Vila calcula que la empresa pública Imvisa podría recuperar alrededor de 3,1 millones de euros de los 9,3 que ha aportado al proyecto Eivissa Centre a través de la empresa mixta Itusa, participada en un 75% con capital del Consistorio y en un 25% por la empresa privada Bruesa. Esta cantidad podría reponerse a las arcas municipales en el caso de que se venda el inmueble de Santa Margarita Sur (frente a los Juzgados) tasado en 3,7 millones de euros.
De esta forma, según la conclusión final de este estudio, solamente el realojo de los vecinos de Santa Margarita en Es Pla de Vila ha costado a las arcas municipales aproximadamente 6,1 millones de euros, cuando el proyecto Eivissa Centre se concibió en 2004 para que tuviera un coste cero para el Ayuntamiento.
Para llegar a esta cifra, los auditores han calculado los activos y pasivos de la sociedad Itusa. Los mismos se reparten entre los parkings y pisos de Itusa en el edificio Es Pla de Vila, cuyo valor aproximado es de 2,5 millones de euros, pero que deben responder a un préstamo de 1,85 millones. «Actualmente quedan por vender ocho pisos y 48 garajes que tienen difícil salida», destaca la auditoría.
De igual forma, el estudio indica que otro activo es el solar de Santa Margarita Norte que está valorado en 4.618.000 euros, según su tasación, pero cuya venta debe responder a un préstamo hipotecario de 4,3 millones de euros y a un pago de 627.000 euros a la Agencia Hipotecaria. Asimismo, recuerda que salió a subasta pública por 6,7 millones, pero que esta operación quedó desierta.
En cuanto al último activo de Itusa, el solar de Santa Margarita Sur, la auditoría indica que su valoración es de 3.745.0000 euros aunque recuerda que la sociedad tiene actualmente otros pasivos como el millón de euros que le reclama Bruesa por el que pesa una amenaza de embargo al Consistorio y que responde a un impago por la liquidación de final de obra que hizo la constructora y que ascendía a 2,6 millones de euros. Itusa entonces emitió pagarés para abonar a Bruesa, y pidió un préstamo de 1,5 millones para pagarlos a cargo de Imvisa, es decir, el Consistorio.
Por todo ello, como conclusión final, la auditoría asegura que la valoración actual de Itusa asciende a 2.245.000 euros, correspondientes a la valoración de Santa Margarita Sur [el solar con menos cargas] que asciende a 3,7 millones pero al que hay que restarle 1,5 millones del préstamo que hizo Imvisa para los pagarés.
De esta forma, la auditoría calcula que si se vende este solar, de los 9.325.497 que ha aportado el Consistorio a través de Imvisa, se podría recuperar 1,5 millones del préstamo y 1.6 euros, que es el 75%, lo que le corresponde a Imvisa de los 2,2 millones de la valoración de Itusa, ya que es el porcentaje de participación que tiene el Consistorio en la empresa mientras el resto pertenece a Bruesa.
Por último, la auditoría reconoce «que el resto de los activos de la sociedad serían suficientes para cubrir el resto de pasivos», es decir, el resto de las deudas.
Cabe recordar que la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, acusó al anterior consejo de administración de Itusa, encabezado por la exalcaldesa Lurdes Costa, de actuar de forma «negligente e irregular» y de favorecer «de una manera descarada» a Bruesa, ya que este proyecto, que iba a tener coste cero, ha supuesto hasta el momento más de 18 millones de euros: 9,3 millones aportados por el Consistorio a través de Imvisa y otros 9 que se dejaron de obtener como beneficios por la venta de solares y pisos.
La mayoría de los recursos contra Itusa responden a las expropiaciones
La auditoría refleja también una relación de litigios, pleitos, contenciosos y expedientes administrativos que suman una veintena de recursos. La mayoría, once recursos, responden a los propietarios de Santa Margarita en desacuerdo con las expropiaciones de sus viviendas, que aún están pendientes de resolver. Sin embargo, también se reflejan reclamaciones como la que hizo el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) «por la ocupación indebida por parte de Itusa» por unos 100 m2 de terreno que ocupó el edificio Es Pla de Vila del solar colindante, propiedad de Invifas, y por el que piden una indemnización de 127.905 euros que ya fue aceptada por Itusa. También se refleja la sanción de 111.682 euros porque la construcción del edificio no se adaptaba a su licencia urbanística, entre otras reclamaciones.
La auditoría se elaboró en base a las actas y los archivos de Itusa
Antes de la presentación de la auditoría, la exalcaldesa Lurdes Costa advirtió que la misma se desarrolló sin hablar ni pedir información a los integrantes del consejo de administración de entonces y aseguró que de forma anual a Itusa se le hacía una auditoría fiscal y otra técnica. Al respecto, el auditor Carlos Blanco de la empresa encargada del trabajo, Arnaudit S.L.P., aseguró en la presentación que sí se han reunido con la consultoría fiscal de Itusa que les aportó información aunque insistió en que no se llevó a cabo «una auditoría de cuentas sino únicamente de gestión, podemos decir, de cumplimiento». «Lo que hemos hecho ha sido recoger toda la información que había en los archivos de Itusa, preguntar a los responsables y ver los archivos que tenían y los informes que tenían los administradores, y sobre eso evaluar y valorar las actuaciones que se hicieron», destacó y recordó que «las actuaciones del consejo de administración quedan reflejadas en las actas», destacó. La auditoría tuvo un coste de 21.000 euros.