El portavoz de PSOE-Pacte en el Consell, Xico Tarrés, lamentó ayer que el decreto ley del Govern tendrá «consecuencias nefastas para el territorio» y auguró que el suelo rústico se convertirá en «una gran área industrial». «La gente que vive en el campo, que tiene una casa, se puede encontrar con que al lado le ponen un negocio muy molesto, totalmente incompatible, pero que tendrá autorización, ya que con este decreto ya no hará falta una justificación de un interés público como hasta ahora», explicó Tarrés, que cree que se ha dado un «paso atrás en la protección del territorio y de las condiciones de vida de las personas de esta isla», además de considerar que esto creará una «gran incertidumbre e inseguridad jurídica».
Los progresistas creen que se trata de un decreto «de desprotección del territorio y de retorno a un urbanismo salvaje», ya que abre la puerta al «urbanismo a la carta, premia las ilegalidades, permite un crecimiento indiscriminado y todo tipo de actividad en suelo rústico». También consideran que estas medidas se han tomado sin contar con los ayuntamientos y el Consell.
Al margen Los progresistas consideran que el Consell ha «caído a su nivel más bajo de falta de autoridad de sus más de 30 años de historia», ya que el decreto permite a los ayuntamientos decidir numerosos aspectos urbanísticos pasando por encima de la institución insular. Tampoco a los ayuntamientos «les hacen ningún favor» porque «tendrán que asumir cargas» por la legalización de asentamientos irregulares.
«Premio a los infractores». Según PSOE-Pacte, el decreto abre la puerta «a la regularización indiscriminada del urbanismo ilegal que se había desarrollado en los últimos años y permite nuevos crecimientos urbanos sin que aseguren la dotación de infraestructuras públicas». «Este decreto permite el reconocimiento de ilegalidades realizadas en suelo rústico, con rebajas y condonaciones excesivas», añaden los progresistas, que creen que las multas casi equivalen al coste de los proyectos necesarios para hacer las cosas legalmente. «Los ayuntamientos se encontrarán con la presión de reconocer como existentes urbanizaciones en suelo rústico y después tendrán que dotarlos con servicios mínimos con costes muy elevados», añadieron.
Núcleos rurales. PSOE-Pacte dice que «se abre la puerta a la urbanización sin freno en suelo rústico».
Uso industrial del campo. Los progresistas también están preocupados porque se da «barra libre» a la declaración de interés general, abriendo la puerta a un «uso intensivo y especulativo del campo para actividades económicas industriales totalmente incompatibles con los usos agrícolas y residenciales».
Sin vivienda protegida. PSOE-Pacte denuncia que se deroga una norma progresista que establecía la obligación de reservar el 30% del suelo para vivienda protegida.
Campos de golf. Critican que se elimine la prohibición de adjuntar urbanizaciones a los campos de golf. «También deja de ser un obstáculo que los proyectos tengan afectaciones negativas sobre el medio ambiente o el paisaje», añade PSOE-Pacte, que lamenta también que se elimine la obligación de tramitar el catálogo de patrimonio, lo que «pone en peligro muchos bienes».
Más lío normativo. Los progresistas creen que la norma es contraria a la normativa básica del Estado y que «genera mucha confusión».
«Anulación» del presidente. PSOE-Pacte denunció la «falta de respeto» de Bauzá hacia el Consell, al que no informó del alcance de sus medidas. «Con este decreto el Govern desautoriza a Vicent Serra», añadieron.
INTERÉS GENERAL. El decreto permite dar el interés general a actividades en suelo rústico que permitan «la diversificación de la economía» del medio rural «compatibles con un desarrollo sostenible». Se elimina así la normativa anterior que exigía justificar el interés general.
GxE. Gent x Eivissa denunció en twitter que se facilita la «especulación en suelo rústico cambiando leyes de Cañellas y Matas y le llaman urbanismo sostenible». «Será más fácil hacer un campo de golf y un hotel que una casita para vivir». aseguran desde este partido, donde critican a Serra por «no tener criterio ni influencia».
EIVISSA PEL CANVI: Creen que es un «ataque al suelo rústico» y favorecerá la especulación
ExC rechazó el decreto del Govern por considerarlo un instrumento de «desregulación normativa que favorecerá la especulación». También creen que es un ataque directo al suelo rústico, ya que se permite su urbanización mediante la «desprotección» de los espacios de alta valía medioambiental recogidos en la ley 4/2008 «abriendo el camino a su urbanización y destrucción». Asimismo, critican la construcción de nuevos campos de golf y ven «preocupante» que Vicent Serra apueste ahora porque lleven oferta complementaria. Este «atentado contra el territorio» se completará con la posibildiad de urbanizar las ANEI y con la «definitiva desprotección de Benirràs, Punta Pedrera y Roca Llisa. «El PP vuelve a legislar al servicio de la especulación urbanística», concluyeron.
ENE: Piden que se rechace el decreto, que «masificará el suelo rústico»
Entesa d'Eivissa cree que es una «tomadura de pelo» que se incluya la palabra sostenible en el título del decreto, porque significa «más desprotección para el suelo rústico, más carta blanca para los ayuntamientos y más amenazas para el territorio». Rechazaron que se autoricen alojamientos vinculados a los campos de golf y consideraron un «escándalo que se permitan urbanizaciones ilegales o nuevas». «Lo más grave serán las exenciones en las dotaciones para los núcleos rurales, consolidándose un urbanismo tercermundista», añadió ENE, que cree «escandaloso» que se puedan modificar planes urbanísticos sin haberse adaptado al PTI o sin tener catálogo de patrimonio histórico. Asimismo, arremetió contra la reforma de viviendas en zonas protegidas porque incluye las «ilegales».
GEN: «Fomenta el urbanismo tercermundista»
El GEN lamentó que el decreto fomenta un «urbanismo tercermundista», ya que núcleos «sin infraestructuras básicas» se convertirán en urbanos «por obra y gracia del señor Bauzá». «Se fomenta la creación de auténticos guetos para favorecer a los infractores y a la especulación. Y esto puede pasar en cualquier lado, incluso en zonas protegidas», añadieron los ecologistas, que consideraron también una «aberración» dar vía libre a la urbanización en áreas protegidas y la construcción de campos de golf con oferta complementaria en suelo rústico. «El Consell parece estar de acuerdo e incluso impulsa la posibilidad de dar uso a las ANEI», dice el GEN, que cree que los «intereses especulativos mandan» y recuerda que «la saturación urbanística es el problema más grave de Eivissa».