El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, declinó ayer hacer cualquier tipo de declaraciones sobre su imputación y la de los restantes consellers de GxF en la anterior legislatura, por un supuesto delito de prevaricación, falsedad documental y desobediencia relativas al denominado caso de Punta Prima.
La propiedad del centro de vacaciones de Punta Prima, Sunway S.L. presentó el pasado 2 de febrero una querella criminal contra los cinco consellers de GxF, Jaume Ferrer, Sònia Cardona, Bartomeu Escandell, Josep Mayans y Silvia Tur al entender que con la aprobación de las nuevas Normas Subsidiarias, en septiembre de 2010, se lesionaban los derechos de la propiedad al modificar planteamientos urbanísticos y limitar la edificabilidad que consideraban tener por anteriores sentencias del Tribunal Supremo.
En el auto dictado el pasado día 7 de marzo, en el que se admite a trámite la querella criminal contra los cincos consellers de GxF, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº4 de Eivissa, Santiago Pinsach señala que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones (se refiere a la presentación de la querellas de casi un centenar de folios) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación, falsedad documental y desobediencia cuya instrucción corresponde a este órgano judicial según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
La comparecencia
Por todo ello el magistrado decidió que los querellados, en su calidad de imputados deberán declarar en el juzgado el próximo 3 de julio y hasta ese momento solicita numerosa documentación al Consell a través de su Secretario, servicios jurídicos y técnicos.
El juez al acordar incoar diligencias previas por el procedimiento abreviado solicita que se formen las «correspondientes piezas de responsabilidad civil respecto a los cinco querellados y respecto de la Administración Pública Consell Insular de Formentera» añadiendo a continuación que debe ponerse en conocimiento del Consell la existencia del procedimiento y su «condición de posible Responsable Civil Subsidiario, en su caso y momento se determianrá la cuantía por la que porceda exigir fianza para garantizar responsabilidades pecuniarias». Y eso es importante porque Sunway SL solicita una indemnización de 27 millones de euros por haber impedido que el establecimiento vacacional de Punta Prima acabara la segunda fase de su construcción cuando según Leo Stöber, administrador de Sunway SL, todas las sentencias judiciales han sido a su favor.
El PP pide explicaciones y GUIF ya lo advirtió
Pese a que de entrada el PP de Formentera defiende la presunción de inocencia de todos los consellers, lamenta que la imputación «sea un reflejo de su forma de gobernar» y afirma que la imputación de gran parte del equipo de gobierno «es una durísima noticia para la imagen de la institución». Para el PP el president del Consell, Jaume Ferrer, debe dar una explicación por los hechos que se le imputan.
Javi Serra, portavoz del GUIF en el Consell, señaló que «desde nuestro partido ya advertimos en su momento que era una situación que podía producirse, tanto cuando se aprobaron las NNSS, como cuando se produjo la reclamación patrimonial, y por tanto desde el primer momento pedimos al Consell que se sentara con la propiedad para negociar».