Reducir un 2% los salarios del equipo de gobierno, personal de confianza y funcionarios de grupo A (licenciados y diplomados). Eliminar contratos externos y alquileres de locales, y reducir la morosidad mejorando el cobro de impuestos y de sanciones, sobre todo urbanísticas, en cuyos expedientes se acumula la mayor parte de las deudas hacia el Consistorio.
Éstas son las principales medidas que incluye el plan de ajuste aprobado ayer por el equipo de gobierno de Sant Antoni sin el apoyo de los grupos de la oposición, PSOE-Pacte y Nov-A. Un plan enviado a Madrid diseñado para justificar que el Consistorio puede hacer frente al préstamo ICO que pedirá para pagar a sus proveedores, a los que adeuda 7,1 millones: 5,6 millones del Consistorio y 1,4 millones de la empresa municipal Obres i Serveis Sant Antoni [Ossan].
El plan prevé un ahorro de 10,5 millones de euros en diez años, el plazo que tiene Sant Antoni para devolver el crédito a un 5% de interés. El concejal de Hacienda, Vicent Ribas, destacó ayer que no se prevé ningún incremento de impuestos excepto el IBI y en las cantidades «marcadas por ley». Asimismo, señaló que, entre otras medidas, el plan también incluye una revisión de las contratas municipales «para que por el mismo servicio se puedan reducir costes».
En cuanto a la bajada de salarios a funcionarios, el edil señaló que afectará «a unas quince personas» de las cien que trabajan para el Consistorio y que en total, con los sueldos del equipo de gobierno, supondrá un ahorro de 90.000 euros al año. También aseguró que no se descarta contratar empresas externas dedicadas a la gestión de multas para mejorar la recaudación.
Desde PSOE-Pacte, el portavoz Josep Marí Marge criticó al actual equipo de gobierno por ser «el responsable de la deuda» ya que, según señaló, la mayor parte de las facturas corresponden a 2011. Por su parte, el grupo municipal Nov-A se abstuvo de la votación porque, según se quejó, los documentos no fueron entregados con el suficiente tiempo para ser estudiados.
Por su parte, Ribas explicó que la deuda corresponde a 2011 «porque se han ido pagando cosas de años anteriores por culpa de que la tesorería del Ayuntamiento tenía unos retrasos». «Precisamente, el plan que se está haciendo es para evitar todo esto y poner la gente al día. Que la gente no tenga que estar un año para cobrar facturas de la administración local», agregó.
Ribas señaló que lo que se adeuda al Consistorio en materia de sanciones urbanística y multas equivale a su deuda con proveedores, pero argumentó la dificultad de cobrar estas cantidades por los recursos que interponen los interesados.
La Agencia Española de Protección de datos permite a la oposición grabar los plenos
La Agencia Española de Protección de Datos ha respondido a la pregunta del Consistorio sobre la posibilidad de grabar y difundir los plenos municipales, una petición que habían hecho los grupos de PSOE-Pacte y Nov-A, y que despertaba serias dudas en el equipo de gobierno. Finalmente, la agencia ha respondido afirmativamente a la posibilidad de grabar, aunque pide más cautela a la hora de difundir las grabaciones por si hubiera datos personales que pudieran afectar a la intimidad de las personas.
Por otra parte, en el pleno también se dio cuenta del plan económico financiero que finalizó ayer, con la liquidación del presupuesto de 2011, y del plan de saneamiento que el Consistorio debe desarrollar hasta 2015 y que «se está cumpliendo», según destacó el concejal de Hacienda.